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TACO escribió: Dom Nov 01, 2026 4:09 pm

Gepete escribió: Dom Nov 01, 2026 4:03 pm

TACO escribió: Dom Nov 01, 2026 3:58 pm

La INA no opera como un menú de restaurante donde el Secretario escoge lo que le da la gana ignorando el resto del marco jurídico. La facultad de designar un país receptor está subordinada a la Enmienda V de la Constitución, a las disposiciones de la Convención contra la Tortura (CAT) incorporadas por el propio Congreso en la FARRA (§ 2242) y a la jurisprudencia federal vinculante. Muy chevere hacerse la webona con que "si Bangui aceptó, fin de la discusión". El Estado de Derecho es el conjunto sistemático de las leyes, no la lectura mutilada y conveniente de una sola línea para justificar el despotismo.

Llamar "empatía progresista" al debido proceso retrata muy bien la complacencia miserable de sus seguidores. Necesitan disfrazar la arbitrariedad de "fuerza" porque les fascina el espectáculo del garrote, pero la realidad jurídica los aplasta: las cortes federales (como en D.V.D. v. DHS) han frenado expresamente estas deportaciones exprés a terceros países precisamente porque el Ejecutivo violó el mandato legal de garantizar una audiencia individualizada de evaluación de riesgo. La ley no no existe para que un gobierno juegue a la ruleta rusa con vidas humanas a ciegas; si para defender a tu ídolo tienes que mutilar el ordenamiento jurídico y aplaudir el atropello estatal, el que vive en la barbarie no es el que exige garantías, sino el que celebra la crueldad para sentirse seguro.

El TACO también es abogado... abogado farmaceuta.

No seré abogado, pero sí poseo una brújula moral de la que tú y Yuka carecen por completo. Tan podrida está la postura trumpista que ahora tildan de "woke" o "progre" la exigencia básica de aplicar la ley de forma integral y de ejercer un mínimo de compasión humana. La bancarrota moral de su líder actúa exactamente como la gangrena: devora el tejido social y corrompe el juicio de sus seguidores hasta deshumanizarlos. Así fue precisamente como la sociedad alemana terminó justificando la barbarie nazi, no por un colapso repentino de un día para otro, sino mediante una degradación progresiva y sistemática donde la norma se moldeó a la medida de la crueldad, convirtiendo a los ciudadanos en el reflejo directo del monstruo que los dirigía.

Por alli dijiste en una oportunidad que eras catolico. ¿Son todos los católicos como tú? Que asco si tal fuera el caso.

Gepete escribió: Dom Nov 01, 2026 4:57 am

Axio escribió: Sab Oct 31, 2026 10:42 pm

Yuka escribió: Sab Oct 31, 2026 1:01 pm La ilegalidad trae consecuencias. No entiendo que piden y que están esperando.

Estos post de novelas emocionales no me conmueven.

Esa desicion la tomaron ellos y me imagino que sabían cuales eran los riesgos, esa viveza criolla no funciona en todas partes.

la ilegalidad es subjetiva, y no se suscribe a cometer agresión contra las libertades basicas del homo sapiens en sociedad.

deportar a una persona de la tercera edad es tan moral, como apedrear a una mujer porque es legal bajo la ley del sharia..... es perversión y maldad pura y en pasta.....

Axio, creo que estás confundiendo deliberadamente —o no— dos planos que son perfectamente diferenciables: la legalidad y la moralidad.

La ilegalidad de una situación migratoria no es subjetiva. Es una condición jurídica objetiva que se determina conforme a las leyes vigentes de un Estado. Una persona puede estar en situación administrativa irregular, y eso no depende de que a ti, a mí o a cualquier otra persona nos parezca moralmente aceptable o inaceptable. Otra cosa muy distinta es discutir si la legislación es justa, si resulta proporcionada o si debería modificarse.

Tampoco tiene sentido equiparar el cumplimiento de una legislación migratoria democrática con una agresión contra las libertades fundamentales del ser humano. Los derechos humanos corresponden a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, pero esos derechos no convierten en inexistentes las leyes de inmigración ni eliminan la potestad legítima de los Estados para controlar sus fronteras y ejecutar decisiones de expulsión conforme a la ley.

Y respecto al caso de una persona de la tercera edad, conviene no manipular los conceptos. La edad no concede automáticamente inmunidad frente a las normas migratorias, pero sí puede ser una circunstancia relevante a la hora de valorar la proporcionalidad, la vulnerabilidad, las circunstancias familiares y humanitarias y las garantías del procedimiento.

Comparar una deportación legal, sometida a garantías y susceptible de control judicial, con apedrear a una mujer bajo una legislación religiosa que vulnera sus derechos fundamentales es una falsa equivalencia. Que algo esté recogido en una ley no lo convierte automáticamente en moral, pero tampoco convierte en inmoral cualquier aplicación de una ley por el simple hecho de que no nos guste.

Puedes cuestionar una ley migratoria, defender su reforma e incluso considerar que determinadas deportaciones son inhumanas o desproporcionadas. Lo que no puedes hacer es declarar subjetiva la ilegalidad porque discrepas de la norma.

Una cosa es defender la dignidad humana y otra muy distinta utilizarla como argumento para negar la existencia del ordenamiento jurídico. Y ambas cuestiones merecen ser tratadas con rigor.