El régimen chavista se financió con el tráfico de la cocaína colombiana

[Fermat]

David Alandete - ABC - 05/02/2024

Al menos desde 2006, el régimen chavista alcanzó un pacto con la guerrilla colombiana de las FARC para permitirle a esta hacer envíos de cocaína a través del territorio venezolano, rumbo al norte del continente americano. A cambio de total impunidad para operar dentro de Venezuela, la guerrilla colombiana pagó al general al mando de las fuerzas armadas chavistas millones de dólares, que este afirma eran en realidad para el régimen. El régimen chavista se coordinaba para estos envíos con destacados narcotraficantes venezolanos.

Estos hechos han sido revelados en una corte de justicia de Nueva York durante una vista con el juez mantenida este 18 de enero de 2024 entre la fiscalía y la defensa de Clíver Alcalá, quien fue general en el ejército venezolano y se entregó a la justicia norteamericana en 2020 después de que esta ofreciera 10 millones de dólares por pistas sobre su paradero.

Lo relevante es que no son solo acusaciones de EE.UU., sino la admisión de uno de los implicados en esa red de narcotráfico estatal. La imputación en EE.UU. de Maduro y otros jerarcas del régimen chavista apuntaba al narcotráfico y terrorismo, pero ahora un implicado central se inculpa y da detalles de cómo operaba desde el poder el cartel venezolano.

El papel del ‘Pollo’
Mediante el testimonio de Alcalá, la fiscalía de EE.UU. ha detectado una enorme red de contrabando de cocaína que las FARC sacaban de Colombia y transitaba por Venezuela por tierra y aire. En el diseño y supervisión de ese plan, según ha alegado el ministerio público norteamericano, estaba el general venezolano retirado Hugo Carvajal, alias ‘El Pollo’, extraditado desde España a EE.UU. en 2023 tras un largo proceso de apelaciones.

Alcalá ha declarado que sólo seguía órdenes de sus superiores en el régimen de Hugo Chávez, incluido Nicolás Maduro, el hoy dictador de Venezuela. La Fiscalía pide para Alcalá 30 años, cuando la pena máxima es la perpetua. Tiene 61 años. El ministerio público afirma que al menos en una ocasión en 2007 Alcalá y Carvajal se reunieron con las FARC para coordinar los envíos de droga.

Según el escrito de la Fiscalía presentado para recomendar la sentencia de Alcalá, este, en calidad de alto mando militar de Venezuela «protegió a miembros y asociados de las FARC… suministró armas de grado militar a algunos de los comandantes más importantes de las FARC… [y] se aseguró de que el ejército venezolano no interceptara cargamentos de cocaína provenientes de las FARC en puntos de control vehicular y en un importante aeropuerto venezolano». Ese aeropuerto es el de la ciudad venezolana de Valencia.

La Fiscalía no tiene ahora prisa por comenzar el juicio al ‘Pollo’ Carvajal
La fiscalía que trabaja en el único juicio en ciernes de la causa contra el narcoterrorismo de estado en Venezuela no tiene prisa por acelerar el proceso. Se trata del proceso a Hugo Carvajal, alias ‘El Pollo’, extraditado desde España en 2023. El juez Alvin Hellerstein de Nueva York ha lamentado en no pocas ocasiones la tardanza del ministerio fiscal en responder a tiempo y ofrecer garantías para el juicio rápido que manda la ley. En una vista el 18 de enero, la defensa de Carvajal pidió información clasificada, recabada por la Agencia Antidroga (DEA, por sus siglas en inglés) que cree crucial para su estrategia. La fiscalía se niega, dice que hay otros casos que se verían afectados si esos detalles delicados se acaban filtrando.

El Cártel de los Soles
A pesar de que el Gobierno de Joe Biden está negociando con Maduro como representante legítimo de Venezuela, el escrito de la fiscalía acusa al dictador de ser el capo del llamado Cártel de los Soles, que controlaba esas rutas de cocaína. La cúpula chavista trabajó en estrecha colaboración con líderes de las FARC para este propósito. Mantiene el ministerio público que además de traficar droga con fines lucrativos, Hugo Chávez y sus socios buscaban inundar EE.UU. de cocaína para provocar una crisis de salud pública.

Las FARC, siglas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eran un grupo terrorista designado como tal por el Departamento de Estado desde 1997. En 2021 la Administración Biden las retiró de esa lista de grupos terroristas alegando como razón el acuerdo de paz firmado en 2016 por la guerrilla con el gobierno de Colombia.

Armas para la guerrilla
El detenido, ex mayor general Alcalá, ha admitido ante el juez, Alvin K. Hellerstein, que además dio a un alto mandos de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, armamento de alta potencia, incluidos dos lanzagranadas y 20 granadas. Fue esta entrega de armamento, afirma la fiscalía, resultado de una intermediación de ‘El Pollo’ Carvajal.

Durante 2007 y 2008, el acusado facilitó envíos de cocaína para un narcotraficante venezolano aliado con las FARC, por medio del aeropuerto de la ciudad venezolana de Valencia. El traficante pagaba a alcalá 150.000 dólares por avión para evitar la interceptación de cargamentos de droga. Tras una disputa en 2008, esos tratos cesaron.

Alcalá facilitó también el transporte de cocaína a través de rutas terrestres por Venezuela. Por ejemplo, en 2008, ayudó a un traficante a evitar la interceptación de aproximadamente una tonelada de cocaína en un puesto de control de la Guardia Nacional. La fiscalía alega que las fuerzas armadas venezolanas estaban al tanto de estos pagos de narcotraficantes, y se benefició de ellos.

Disputas sobre la sentencia
En principio, la sentencia de Alcalá iba a ser dictada el pasado 18 de enero, pero la defensa ha pedido revisar algunas partes del escrito de inculpación porque defiende que el ex general cumplía órdenes. Dice que se coordinó con las FARC, pero no era parte dirigente del cartel. El abogado de Alcalá, César de Castro, negó en la vista con el juez que el ex general se haya declarado culpable de formar parte del cartel. «El cártel es el Gobierno de Venezuela trabajando con las FARC por separado pero juntos, entidades separadas y él niega ser [parte del cártel]», dijo De Castro.

Al sopesar la sentencia, el juez Hellerstein leyó de la declaración jurada de Alcalá, en parte bajo secreto de sumario, en la que el reo aceptaba esos hechos y recibir órdenes desde la cúpula chavista para mantener el lucro por el tráfico de cocaína colombiana. Por ejemplo:

– ¿Usted, como general, impidió que miembros de las FARC y sus socios fueran arrestados por las autoridades venezolanas?
– Sí, señoría.

– ¿O por el ejército?
– Yo comandaba el ejército.

– Entonces usted, como comandante, ¿impidió que miembros de las FARC y sus socios fueran arrestados?
– Así es, señoría.

– ¿Es así, Sr. Alcalá? ¿Usted, como general, ordenó que el ejército no persiguiera a miembros de las FARC o sus asociados?
– Para evitar su contacto con las FARC, señoría.

– ¿Y usted, cuando era general, brindó protección, incluida libertad de movimiento y libertad de interferencia, para miembros de las FARC y sus asociados?
– Sí, señoría.

– ¿A pesar de que sabía que traficaban con cocaína?
– Sí, señoría.

– Y además, ¿proporcionó armas a las FARC?
– Sí, señoría.

En esta causa, hay seis imputados. Los únicos en prisión a espera de veredicto o sentencia son ‘El Pollo’ Carvajal y Alcalá, ambos disidentes y declarados desertores. Dos de ellos, los guerrilleros colombianos Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, han muerto ya.

Quedan dos imputados, ambos en el poder en Venezuela y con quienes la Casa Blanca ha negociado directamente desde la llegada de Biden al poder: Maduro y Diosdado Cabello, hoy diputado y antes presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Se le ha considerado el ‘número dos’ del régimen. En principio, el Departamento de Justicia de EE.UU. ofrece 15 y 10 millones por pistas sobre su paradero, respectivamente.

En el curso de las negociaciones directas con Maduro -un asesor cercano a Biden, Juan González, se llegó a reunir con el dictador en Caracas- la Casa Blanca llegó a liberar al testaferro chavista, Alex Saab, que aun estaba siendo juzgado, y a los llamados ‘narcosobrinos’, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela y condenados en 2017 a 18 años de prisión por traficar 800 kilos de cocaína a EE.UU.

Los republicanos en el Senado, comandados por Marco Rubio, han expresado su condena por estos canjes, alegando que la Casa Blanca entrega a delincuentes o acusados de delitos graves por presos políticos o represaliados por el régimen. El senador Rubio ha pedido por carta al presidente Biden que al menos haga públicos los detalles de la causa contra Saab, el testaferro de Maduro, para conocer el alcance de sus delitos.

De los casos que están siendo juzgados en Nueva York, Alcalá ya se ha declarado culpable y espera sentencia, y ‘El Pollo’ Carvajal aguarda inicio de juicio, que el juez quiere que sea antes de junio, a pesar de las demoras del ministerio fiscal.

Historial violento
El papel de las FARC es importante para la fiscalía, quien le ha aportado al juez Hellerstein una relación de los principales atentados terroristas de la extinta guerrilla. La trayectoria de violencia de las FARC se extiende a lo largo de décadas y abarca diversos objetivos, desde instituciones gubernamentales hasta civiles y nacionales extranjeros. Entre los incidentes notables se encuentra el ataque de 1996 a la base militar Las Delicias, la bomba de 2002 durante la inauguración del presidente Álvaro Uribe y el bombardeo de 2015 al oleoducto Tansandio. Sus víctimas se cuentan por decenas de miles.

El papel de Maduro en esta trama es crucial, pues EE.UU. está negociando directamente con él, aunque ese diálogo ha quedado estancado por la represión de los opositores que aspiran a entrar en elecciones. La fiscalía acusa al dictador de participar en una conspiración de narcoterrorismo, conspirar para importar cocaína a EE.UU., y utilizar y portar ametralladoras y armamento destructivo para una trama narcoterrorista. De ser condenado, cada delito conlleva una pena mínima de 20 años y máxima de perpetua.

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