Dos tragedias de finales del siglo XX marcaron el rumbo de ambos países: Japón convirtió Kobe en una lección, mientras que Venezuela desperdició la oportunidad que dejó el deslave de Vargas
Los venezolanos están escarbando a mano entre los escombros en busca de supervivientes y víctimas, como se ve en la zona cero de La Guaira. (Reuters)
Madrid
27/06/2026 Actualizado a las 06:43h.
El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona centro-norte de Venezuela el miércoles ha dejado al descubierto una realidad devastadora: la peor catástrofe del país no es solo geológica, sino también institucional.
A diferencia de Japón, donde seísmos similares suelen causar hoy un impacto controlable por las autoridades, en Venezuela el resultado ha sido apocalíptico. La explicación científica radica en que el epicentro de estos dos terremotos no fue demasiado profundo, de entre 10 y 15 kilómetros, liberando una energía cortante y directa bajo zonas densamente pobladas.
Sin embargo, otro factor letal definitivo ha sido la erosión del aparato estatal tras décadas de negligencia y corrupción. La clave para entender este contraste no está en el presente, sino en cómo ambos países reaccionaron ante las grandes tragedias que sufrieron a finales del siglo XX.
Ya es un hecho conocido que Japón es una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Para el país asiático, el punto de inflexión fue el trágico terremoto de Kobe en 1995. Aquel desastre no fue olvidado; se transformó en memoria institucional. Desde entonces, el Gobierno nipón revolucionó sus normativas arquitectónicas –que ya había desarrollado sobre todo tras el Gran Terremoto de Kanto de 1923–, aplicó una fiscalización implacable a la inversión pública y perfeccionó sus sistemas de alerta automatizados.
Gracias a esa cultura de prevención inflexible, la intensa secuencia sísmica que afectó a la región de Sanriku entre finales de 2025 y este mismo junio de 2026 con magnitudes de hasta 7,7 se saldó con apenas una decena de heridos leves y un retorno inmediato a la normalidad. Si bien es cierto que muchos de los grandes seísmos en Japón son de carácter interplaca (los que se producen en el límite entre dos placas tectónicas) y ocurren a grandes profundidades bajo el océano –lo que fragmenta y atenúa la energía ondulatoria antes de que esta impacte en la superficie continental–, esa ventaja geológica por sí sola no explica el reducido impacto humano, ya que cuenta con los tsunamis como efecto secundario.
De hecho, los antecedentes japonéses demuestran cómo las estrictas normativas han reducido significativamente el costo humano de los seísmos superiores a magnitud 7. Mientras que el Gran Terremoto de Kanto (magnitud 7,9) dejó unos 105.000 muertos y el de Kobe (magnitud 7,3) causó más de 6.400 fallecidos y 43.000 heridos, el impacto de las catástrofes en el siglo XXI se ha reducido drásticamente. Incluso el megaterremoto de Tohoku en 2011 (magnitud 9,0), cuyas 19.000 víctimas se debieron mayormente al tsunami devastador, demostró que las estructuras urbanas ya eran capaces de resistir el impacto directo. Hoy en día, sismos como los de Kumamoto en 2016 o la península de Noto en 2024 se saldan con centenares de víctimas y no con las decenas de miles del pasado, evidenciando que un Estado eficiente puede contener la tragedia.
Dicho lo cual, la diferencia decisiva radica en un Estado que ha convertido cada desastre en una oportunidad para reforzar sus capacidades de prevención, respuesta y reconstrucción. Esa fortaleza se sustenta de manera directa en las estrictas normas de edificación del país, que se han actualizado tras cada gran terremoto para exigir tecnologías obligatorias como el refuerzo estructural a base de acero y hormigón, los amortiguadores que disipan la energía y el aislamiento sísmico de la base mediante bloques de goma que separan el edificio del suelo.
Estas regulaciones se complementan con minuciosas medidas de protección civil que blindan a la población frente a efectos secundarios como los tsunamis, entre las que destacan una red automatizada de alertas tempranas por satélite que detiene trenes de alta velocidad y fábricas en segundos, una colosal infraestructura de muros costeros con compuertas anti-inundación, y una arraigada cultura ciudadana que realiza simulacros periódicos de evacuación.
Venezuela, la antípoda de Japón en prevención
Por el contrario, la realidad venezolana se sitúa en las antípodas. En diciembre de 1999, el gigantesco deslave de Vargas sepultó a comunidades enteras bajo el lodo y causó más de 2.500 muertes. Sin embargo, en lugar de robustecer los planes de contingencia, las últimas décadas estuvieron marcadas por la degradación del aparato estatal, la proliferación de construcciones precarias sin supervisión técnica y el desvío de fondos destinados al desarrollo urbano.
Este cadena trágica se hace aún más evidente al mirar al archipiélago nipón. Mientras los venezolanos escarban entre los escombros con las manos desnudas, Japón cada vez demuestra que las catástrofes a gran escala no son fatalidades del destino, sino variables gestionables, aunque sea de manera parcial y preventiva.
En el ámbito de la teoría económica existe el concepto del «capitalismo de desastre». Esta perspectiva plantea que, bajo ciertas condiciones, las labores de reconstrucción tras una catástrofe pueden movilizar la economía interna e impulsar la modernización tecnológica y estructural de una región. Por supuesto, nadie a su sano juicio desearía una catástrofe natural como motor del desarrollo económico. Pero, históricamente, eventos como el gran incendio de Chicago de 1871, que dio paso a la arquitectura moderna de acero, o el propio terremoto de Kobe en 1995, que redefinió los estándares globales de ingeniería sismorresistente, demuestran que es posible transformar una crisis en una oportunidad de desarrollo.
No obstante, esta capacidad de resiliencia no es universal: exige como requisito indispensable y mínimo una economía sólida, instituciones transparentes y un Estado con capacidad de respuesta.
