El acuerdo petrolero de los cien años: Estados Unidos obtiene el control y Venezuela conserva el riesgo
Publicado: Sab Ago 29, 2026 6:55 am
Donald Trump describió el convenio con Venezuela como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Probablemente lo sea, pero la pregunta importante es para quién. Mientras Delcy Rodríguez habla de inversiones, empleos y recuperación económica, Washington anuncia que obtuvo el control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles, acceso al petróleo a costo y capacidad para dirigirlo hacia sus refinerías, su Reserva Estratégica y sus Fuerzas Armadas.
Hasta ahora no se ha publicado el convenio, la lista de los 17 campos, el nombre del operador principal, la distribución accionaria, la fórmula del petróleo “a costo” ni el cronograma de inversiones. Tampoco aparece una aprobación específica de la Asamblea Nacional. Lo que existe es un anuncio político acompañado por versiones atribuidas a funcionarios estadounidenses y por un conjunto de licencias de OFAC que revela cómo Washington pretende organizar el negocio. Esa opacidad impide declarar definitivamente nulo todo el acuerdo, pero también impide aceptar como hechos las cifras utilizadas para venderlo.
Controlar las reservas sin llamarse propietario
La Constitución venezolana no deja demasiado espacio para la interpretación en un punto esencial. Su artículo 12 establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, “inalienables e imprescriptibles”. Por eso Trump no puede comprar 65.000 millones de barriles y convertirlos jurídicamente en reservas estadounidenses. Los barriles continúan bajo suelo venezolano y su propiedad formal sigue siendo de la República.
El convenio parece buscar una fórmula más sofisticada. Venezuela conservaría el título sobre el yacimiento, pero una nueva compañía obtendría derechos para explotarlo durante un período que podría alcanzar cien años. Según Associated Press, un funcionario estadounidense sostiene que Estados Unidos recibiría 55% de la producción efectiva mediante una combinación de participación accionaria y derechos de compra a costo. Axios lo explica de manera todavía más cruda: no sería una compra, sino la entrega de participación accionaria a Estados Unidos.
La propiedad formal, por tanto, podría permanecer en Venezuela mientras el control económico pasa a Washington. Quien decide cómo se explota, quién opera, a quién se vende, a qué precio y dónde se deposita el dinero ejerce buena parte de los atributos que realmente importan. Venezuela conservaría la bandera colocada sobre el pozo, pero otro administraría el petróleo que sale de él.
¿Una concesión petrolera o el arrendamiento de territorio venezolano?
El artículo 13 de la Constitución añade un problema aún más serio: el territorio nacional no puede ser cedido, traspasado ni arrendado, “ni aun temporal o parcialmente”, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Una concesión otorgada a una empresa privada no equivale automáticamente a arrendar territorio. Pero si, como indican los reportes de AP y Reuters, los derechos por cien años son entregados al gobierno de Estados Unidos para que este cree una compañía y después asigne o subaste campos entre operadores privados, el convenio se acerca peligrosamente a aquello que el artículo 13 prohíbe.
La diferencia dependerá del texto que no se ha publicado. Si el Estado venezolano contrata a empresas domiciliadas en Venezuela para operar bajo supervisión nacional, podría invocarse la nueva Ley de Hidrocarburos. Si Washington recibe directamente un arrendamiento secular y después decide qué corporaciones explotarán las áreas, el argumento de inconstitucionalidad se vuelve mucho más fuerte. Precisamente por eso resulta inadmisible que el país conozca primero la descripción de Trump y no el instrumento firmado en su nombre.
Un gobierno provisional comprometiendo a cinco generaciones
También es dudosa la autoridad de Delcy Rodríguez para obligar al país durante un siglo. Ella no fue elegida presidenta. El Tribunal Supremo calificó inicialmente la ausencia de Nicolás Maduro como temporal y le permitió asumir como vicepresidenta. Sin embargo, el artículo 234 limita esa suplencia a 90 días, prorrogables una sola vez por otros 90 mediante decisión de la Asamblea Nacional. Incluso si se concediera la prórroga máxima, ese período ya habría vencido antes del anuncio petrolero de agosto.
Si la ausencia de Maduro es absoluta, el artículo 233 exige una elección presidencial dentro de los 30 días siguientes. El Bloque Constitucional de Venezuela, integrado por antiguos magistrados, profesores y colegios de abogados, advirtió desde abril que la suplencia había vencido y reclamó que se declarara la falta absoluta y se convocaran elecciones. El gobierno ha hecho exactamente lo contrario: evita consultar al electorado y, mientras tanto, compromete una parte gigantesca del patrimonio nacional hasta bien entrado el próximo siglo.
Esto no es un detalle procesal. Los contratos petroleros requieren estabilidad y legitimidad para sobrevivir a futuros cambios políticos. Un convenio firmado por una autoridad provisional, dependiente del respaldo del mismo país que recibe los beneficios, nace con un problema de validez y con una enorme probabilidad de ser impugnado por un gobierno posterior.
La aprobación parlamentaria que no aparece
El artículo 150 de la Constitución dispone que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela sin aprobación de la Asamblea Nacional. Si el instrumento es un convenio entre Estados, el artículo 154 también exige aprobación parlamentaria antes de su ratificación, salvo excepciones que difícilmente parecen compatibles con la cesión de control sobre una quinta parte de las reservas nacionales.
Hasta el 29 de agosto no se había publicado una autorización específica de la Asamblea para este acuerdo. La aprobación de una reforma general de la Ley de Hidrocarburos no sustituye necesariamente la autorización del contrato concreto. Un negocio que comprende 17 campos, US$100.000 millones y derechos que podrían durar cien años es, por definición, un asunto de interés público nacional.
La estrategia podría consistir en dividir el convenio en contratos separados con compañías formalmente domiciliadas en Venezuela para alegar que no requieren aprobación. Pero si esas compañías son creadas o controladas por Washington y el acuerdo matriz fue negociado directamente entre los dos gobiernos, esa fragmentación podría considerarse una maniobra para evadir el mandato constitucional.
El petróleo es venezolano, pero la cuenta bancaria la controla Washington
Las licencias de OFAC muestran que la pérdida de autonomía no termina en los campos. Los pagos destinados a PDVSA o a otros entes sancionados deben colocarse en los llamados Foreign Government Deposit Funds, mantenidos bajo instrucciones del Departamento del Tesoro. La Licencia General 50C dice expresamente que los impuestos y regalías de petróleo y gas pagaderos al gobierno venezolano también deben depositarse en esas cuentas.
La Casa Blanca reconoce que los fondos son propiedad soberana de Venezuela, pero prohíbe su transferencia o utilización sin autorización estadounidense. Es decir, Venezuela produce, paga los costos ambientales y aporta el recurso natural, pero otro gobierno controla cuándo puede utilizar el dinero. Ni siquiera los US$209.000 millones prometidos por Delcy quedarían necesariamente bajo libre administración venezolana.
El mecanismo puede proteger temporalmente los ingresos frente a acreedores, pero convierte al Tesoro estadounidense en administrador de hecho de la renta petrolera. No se ha publicado una fórmula de desembolso, una auditoría independiente, un procedimiento presupuestario venezolano ni garantías que impidan utilizar el dinero como instrumento de presión política. La soberanía no consiste solamente en ser dueño del petróleo; también consiste en poder administrar legalmente el ingreso que produce.
Petróleo “a costo”: dos palabras que pueden valer cientos de miles de millones
El derecho estadounidense a adquirir petróleo “a costo” es una de las cláusulas potencialmente más perjudiciales. No sabemos si significa costo operativo, costo total incluyendo inversiones, costo más una rentabilidad acordada o simplemente un precio inferior al mercado. Tampoco sabemos cuántos barriles quedarían sujetos a esa fórmula.
Si una parte sustancial de la producción se entrega sin capturar el precio internacional, Venezuela renunciaría precisamente a la renta que hace valioso el recurso. Estados Unidos recibiría crudo barato para sus refinerías, su Reserva Estratégica y sus necesidades militares, mientras Venezuela obtendría impuestos calculados sobre una estructura de costos y precios todavía secreta. Además, cuando comprador, supervisor y socio pertenecen al mismo lado de la negociación, el riesgo de precios de transferencia desfavorables resulta evidente.
La cifra de US$209.000 millones en tributos tampoco aclara nada. Dividida entre los 65.000 millones de barriles anunciados, equivale a apenas US$3,22 por barril. Si esos barriles se valoraran, solo como referencia aritmética, a US$60, su valor bruto alcanzaría US$3,9 billones y los tributos anunciados representarían aproximadamente 5,4%. Esto no demuestra por sí solo cuál será la participación total de Venezuela, porque podrían existir regalías, dividendos y otras contraprestaciones. Sí demuestra que el gobierno está ofreciendo una cifra gigantesca sin revelar el precio, el volumen producido, el plazo ni la participación fiscal utilizada para calcularla.
Los US$100.000 millones no son un regalo
Rubio y Delcy presentan la inversión privada como si se tratara de US$100.000 millones entregados a Venezuela. No lo son. Se trata de capital destinado a pozos, oleoductos, electricidad, mejoradores, puertos y equipos necesarios para que las compañías extraigan petróleo y recuperen su inversión con beneficios. Sin el modelo financiero no sabemos cuánto capital será realmente nuevo, cuánto se recuperará mediante petróleo a costo y qué garantías públicas respaldarán las pérdidas.
La reforma petrolera aprobada en enero ofrece condiciones extraordinariamente favorables a los operadores. Permite que empresas privadas asuman la gestión integral, reciban una porción de la producción, comercialicen directamente el crudo y manejen cuentas bancarias en cualquier jurisdicción. La regalía puede reducirse dentro de un límite máximo de 30%, el nuevo impuesto integrado puede fijarse hasta 15% y el Ejecutivo puede disminuir el impuesto sobre la renta para conservar el “equilibrio económico” del proyecto. También se eliminaron varias cargas, contribuciones sociales e impuestos estadales y municipales.
Esto transfiere riesgos adicionales a las generaciones futuras. Si otro gobierno aumenta impuestos, endurece normas ambientales o intenta recuperar control operativo, las cláusulas de equilibrio económico y el arbitraje internacional podrían obligarlo a compensar a los inversionistas. El país entrega hoy capacidad regulatoria futura para hacer más rentable un acuerdo cuyos beneficiarios todavía no conocemos.
Washington elige los socios, los compradores y hasta los jueces
OFAC autoriza operaciones a un grupo de compañías occidentales y prohíbe transacciones vinculadas con China, Rus.ia, Irán, Cuba y Corea del Norte. Washington puede tener razones geopolíticas para excluir a sus adversarios, pero esas no son necesariamente las razones comerciales de Venezuela. Reducir el número de competidores disminuye la capacidad venezolana de comparar ofertas, negociar mejores condiciones o diversificar mercados.
Las licencias también exigen que las controversias se tramiten en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Esto entra en tensión con el artículo 151 de la Constitución, que presume para los contratos de interés público la jurisdicción de los tribunales venezolanos, aunque admite una excepción cuando resulte improcedente por la naturaleza del contrato. La nueva Ley de Hidrocarburos amplió expresamente el arbitraje internacional, pero la pregunta constitucional permanece: una ley puede regular la excepción; no debería convertirla en la regla impuesta por un gobierno extranjero.
Además, las licencias de OFAC son decisiones administrativas unilaterales y modificables. Venezuela puede reorganizar toda su industria para satisfacer sus condiciones y descubrir posteriormente que Washington cambió las autorizaciones, los operadores permitidos o el destino de los pagos. El convenio no elimina las sanciones; construye un negocio que funciona únicamente mientras Estados Unidos decida suspender algunas de ellas.
Un consentimiento negociado bajo la sombra de la fuerza
El acuerdo tampoco puede separarse de las circunstancias en que fue negociado. Estados Unidos capturó a Maduro mediante una operación militar en enero, controla desde entonces las principales ventas de petróleo venezolano y reconoce a Delcy como autoridad provisional. Meses después, esa misma autoridad concede a Washington derechos de larguísimo plazo sobre los recursos que Trump había identificado públicamente como objetivo estratégico.
Si el acuerdo entre ambos gobiernos tiene naturaleza de tratado, el artículo 52 de la Convención de Viena establece que es nulo cuando su celebración ha sido obtenida mediante la amenaza o el uso de la fuerza contrario a la Carta de Naciones Unidas. Probar jurídicamente esa conexión requeriría conocer el texto, las negociaciones y las presiones ejercidas. No puede afirmarse todavía que un tribunal ya haya declarado esa nulidad. Pero tampoco puede fingirse que Delcy negoció en condiciones normales con un socio comercial ordinario.
El principio de soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, reconocido por la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, vincula ese control con el derecho de autodeterminación. Un convenio negociado después de una intervención militar, por un gobierno provisional no elegido y sin consulta pública plantea exactamente el tipo de problema que ese principio buscaba evitar.
Venezuela asume perjuicios ciertos a cambio de beneficios todavía hipotéticos
La producción no aumentará de inmediato. Buena parte del petróleo de la Faja del Orinoco es extrapesado y necesita diluyentes, mejoramiento, electricidad estable y una infraestructura que requiere años de reparación. Tampoco conocemos las obligaciones sobre empleo venezolano, transferencia tecnológica, contenido nacional, suministro del mercado interno, reparación ambiental o abandono de los campos.
Los beneficios —US$100.000 millones de inversión, miles de empleos y US$209.000 millones en tributos— son proyecciones sin contrato público. Los perjuicios institucionales ya son visibles: control extranjero mayoritario, ingresos bajo custodia estadounidense, compradores seleccionados por Washington, arbitraje fuera del país, exclusión de competidores y un compromiso que podría durar cien años.
Venezuela necesita inversión para recuperar su industria petrolera. Eso no obliga a aceptar cualquier condición. Un convenio defendible exigiría publicar los contratos y los campos; someterlos a aprobación parlamentaria y revisión judicial independiente; realizar licitaciones competitivas; vender el petróleo a precios de mercado; mantener los ingresos bajo control presupuestario venezolano; establecer límites temporales razonables; y garantizar impuestos, contenido nacional, transferencia tecnológica y responsabilidades ambientales verificables.
Nada de eso aparece todavía. Lo que sí aparece con claridad es lo que obtiene Estados Unidos: control sobre una reserva gigantesca sin desembolso público inicial, petróleo garantizado a costo, nuevos suministros para sus refinerías y capacidad para decidir quién participa y dónde queda el dinero. Trump lo llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia. Desde la perspectiva venezolana, puede terminar siendo el compromiso más largo, opaco y desigual de nuestra historia petrolera.
Referencias
Associated Press: estructura preliminar, derechos por cien años, 55% de la producción efectiva y petróleo a costo
Reuters: 17 campos, regiones involucradas, contratos pendientes y dudas sobre la base legal
Axios: participación accionaria, compra garantizada a costo y falta de cierre definitivo
Constitución venezolana: artículos 12 y 13 sobre yacimientos y territorio nacional
Constitución venezolana: artículos 150, 151 y 154 sobre contratos públicos, jurisdicción y tratados
Constitución venezolana: artículos 302 y 303 sobre la actividad petrolera y PDVSA
Constitución venezolana: artículos 233 y 234 sobre faltas presidenciales y duración de la suplencia
Bloque Constitucional: vencimiento de la suplencia y obligación de convocar elecciones
Asamblea Nacional: reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Mayer Brown: análisis de los derechos operativos, régimen fiscal y equilibrio económico de los contratos
OFAC: paquete de licencias venezolanas del 27 de agosto de 2026
OFAC, Licencia General 50C: pagos, regalías, arbitraje, reportes y operadores excluidos
Casa Blanca: fondos petroleros venezolanos bajo custodia del Tesoro estadounidense
OFAC: jurisdicciones obligatorias para la resolución de disputas
Naciones Unidas: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 52
Naciones Unidas: soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales
Hasta ahora no se ha publicado el convenio, la lista de los 17 campos, el nombre del operador principal, la distribución accionaria, la fórmula del petróleo “a costo” ni el cronograma de inversiones. Tampoco aparece una aprobación específica de la Asamblea Nacional. Lo que existe es un anuncio político acompañado por versiones atribuidas a funcionarios estadounidenses y por un conjunto de licencias de OFAC que revela cómo Washington pretende organizar el negocio. Esa opacidad impide declarar definitivamente nulo todo el acuerdo, pero también impide aceptar como hechos las cifras utilizadas para venderlo.
Controlar las reservas sin llamarse propietario
La Constitución venezolana no deja demasiado espacio para la interpretación en un punto esencial. Su artículo 12 establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, “inalienables e imprescriptibles”. Por eso Trump no puede comprar 65.000 millones de barriles y convertirlos jurídicamente en reservas estadounidenses. Los barriles continúan bajo suelo venezolano y su propiedad formal sigue siendo de la República.
El convenio parece buscar una fórmula más sofisticada. Venezuela conservaría el título sobre el yacimiento, pero una nueva compañía obtendría derechos para explotarlo durante un período que podría alcanzar cien años. Según Associated Press, un funcionario estadounidense sostiene que Estados Unidos recibiría 55% de la producción efectiva mediante una combinación de participación accionaria y derechos de compra a costo. Axios lo explica de manera todavía más cruda: no sería una compra, sino la entrega de participación accionaria a Estados Unidos.
La propiedad formal, por tanto, podría permanecer en Venezuela mientras el control económico pasa a Washington. Quien decide cómo se explota, quién opera, a quién se vende, a qué precio y dónde se deposita el dinero ejerce buena parte de los atributos que realmente importan. Venezuela conservaría la bandera colocada sobre el pozo, pero otro administraría el petróleo que sale de él.
¿Una concesión petrolera o el arrendamiento de territorio venezolano?
El artículo 13 de la Constitución añade un problema aún más serio: el territorio nacional no puede ser cedido, traspasado ni arrendado, “ni aun temporal o parcialmente”, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Una concesión otorgada a una empresa privada no equivale automáticamente a arrendar territorio. Pero si, como indican los reportes de AP y Reuters, los derechos por cien años son entregados al gobierno de Estados Unidos para que este cree una compañía y después asigne o subaste campos entre operadores privados, el convenio se acerca peligrosamente a aquello que el artículo 13 prohíbe.
La diferencia dependerá del texto que no se ha publicado. Si el Estado venezolano contrata a empresas domiciliadas en Venezuela para operar bajo supervisión nacional, podría invocarse la nueva Ley de Hidrocarburos. Si Washington recibe directamente un arrendamiento secular y después decide qué corporaciones explotarán las áreas, el argumento de inconstitucionalidad se vuelve mucho más fuerte. Precisamente por eso resulta inadmisible que el país conozca primero la descripción de Trump y no el instrumento firmado en su nombre.
Un gobierno provisional comprometiendo a cinco generaciones
También es dudosa la autoridad de Delcy Rodríguez para obligar al país durante un siglo. Ella no fue elegida presidenta. El Tribunal Supremo calificó inicialmente la ausencia de Nicolás Maduro como temporal y le permitió asumir como vicepresidenta. Sin embargo, el artículo 234 limita esa suplencia a 90 días, prorrogables una sola vez por otros 90 mediante decisión de la Asamblea Nacional. Incluso si se concediera la prórroga máxima, ese período ya habría vencido antes del anuncio petrolero de agosto.
Si la ausencia de Maduro es absoluta, el artículo 233 exige una elección presidencial dentro de los 30 días siguientes. El Bloque Constitucional de Venezuela, integrado por antiguos magistrados, profesores y colegios de abogados, advirtió desde abril que la suplencia había vencido y reclamó que se declarara la falta absoluta y se convocaran elecciones. El gobierno ha hecho exactamente lo contrario: evita consultar al electorado y, mientras tanto, compromete una parte gigantesca del patrimonio nacional hasta bien entrado el próximo siglo.
Esto no es un detalle procesal. Los contratos petroleros requieren estabilidad y legitimidad para sobrevivir a futuros cambios políticos. Un convenio firmado por una autoridad provisional, dependiente del respaldo del mismo país que recibe los beneficios, nace con un problema de validez y con una enorme probabilidad de ser impugnado por un gobierno posterior.
La aprobación parlamentaria que no aparece
El artículo 150 de la Constitución dispone que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela sin aprobación de la Asamblea Nacional. Si el instrumento es un convenio entre Estados, el artículo 154 también exige aprobación parlamentaria antes de su ratificación, salvo excepciones que difícilmente parecen compatibles con la cesión de control sobre una quinta parte de las reservas nacionales.
Hasta el 29 de agosto no se había publicado una autorización específica de la Asamblea para este acuerdo. La aprobación de una reforma general de la Ley de Hidrocarburos no sustituye necesariamente la autorización del contrato concreto. Un negocio que comprende 17 campos, US$100.000 millones y derechos que podrían durar cien años es, por definición, un asunto de interés público nacional.
La estrategia podría consistir en dividir el convenio en contratos separados con compañías formalmente domiciliadas en Venezuela para alegar que no requieren aprobación. Pero si esas compañías son creadas o controladas por Washington y el acuerdo matriz fue negociado directamente entre los dos gobiernos, esa fragmentación podría considerarse una maniobra para evadir el mandato constitucional.
El petróleo es venezolano, pero la cuenta bancaria la controla Washington
Las licencias de OFAC muestran que la pérdida de autonomía no termina en los campos. Los pagos destinados a PDVSA o a otros entes sancionados deben colocarse en los llamados Foreign Government Deposit Funds, mantenidos bajo instrucciones del Departamento del Tesoro. La Licencia General 50C dice expresamente que los impuestos y regalías de petróleo y gas pagaderos al gobierno venezolano también deben depositarse en esas cuentas.
La Casa Blanca reconoce que los fondos son propiedad soberana de Venezuela, pero prohíbe su transferencia o utilización sin autorización estadounidense. Es decir, Venezuela produce, paga los costos ambientales y aporta el recurso natural, pero otro gobierno controla cuándo puede utilizar el dinero. Ni siquiera los US$209.000 millones prometidos por Delcy quedarían necesariamente bajo libre administración venezolana.
El mecanismo puede proteger temporalmente los ingresos frente a acreedores, pero convierte al Tesoro estadounidense en administrador de hecho de la renta petrolera. No se ha publicado una fórmula de desembolso, una auditoría independiente, un procedimiento presupuestario venezolano ni garantías que impidan utilizar el dinero como instrumento de presión política. La soberanía no consiste solamente en ser dueño del petróleo; también consiste en poder administrar legalmente el ingreso que produce.
Petróleo “a costo”: dos palabras que pueden valer cientos de miles de millones
El derecho estadounidense a adquirir petróleo “a costo” es una de las cláusulas potencialmente más perjudiciales. No sabemos si significa costo operativo, costo total incluyendo inversiones, costo más una rentabilidad acordada o simplemente un precio inferior al mercado. Tampoco sabemos cuántos barriles quedarían sujetos a esa fórmula.
Si una parte sustancial de la producción se entrega sin capturar el precio internacional, Venezuela renunciaría precisamente a la renta que hace valioso el recurso. Estados Unidos recibiría crudo barato para sus refinerías, su Reserva Estratégica y sus necesidades militares, mientras Venezuela obtendría impuestos calculados sobre una estructura de costos y precios todavía secreta. Además, cuando comprador, supervisor y socio pertenecen al mismo lado de la negociación, el riesgo de precios de transferencia desfavorables resulta evidente.
La cifra de US$209.000 millones en tributos tampoco aclara nada. Dividida entre los 65.000 millones de barriles anunciados, equivale a apenas US$3,22 por barril. Si esos barriles se valoraran, solo como referencia aritmética, a US$60, su valor bruto alcanzaría US$3,9 billones y los tributos anunciados representarían aproximadamente 5,4%. Esto no demuestra por sí solo cuál será la participación total de Venezuela, porque podrían existir regalías, dividendos y otras contraprestaciones. Sí demuestra que el gobierno está ofreciendo una cifra gigantesca sin revelar el precio, el volumen producido, el plazo ni la participación fiscal utilizada para calcularla.
Los US$100.000 millones no son un regalo
Rubio y Delcy presentan la inversión privada como si se tratara de US$100.000 millones entregados a Venezuela. No lo son. Se trata de capital destinado a pozos, oleoductos, electricidad, mejoradores, puertos y equipos necesarios para que las compañías extraigan petróleo y recuperen su inversión con beneficios. Sin el modelo financiero no sabemos cuánto capital será realmente nuevo, cuánto se recuperará mediante petróleo a costo y qué garantías públicas respaldarán las pérdidas.
La reforma petrolera aprobada en enero ofrece condiciones extraordinariamente favorables a los operadores. Permite que empresas privadas asuman la gestión integral, reciban una porción de la producción, comercialicen directamente el crudo y manejen cuentas bancarias en cualquier jurisdicción. La regalía puede reducirse dentro de un límite máximo de 30%, el nuevo impuesto integrado puede fijarse hasta 15% y el Ejecutivo puede disminuir el impuesto sobre la renta para conservar el “equilibrio económico” del proyecto. También se eliminaron varias cargas, contribuciones sociales e impuestos estadales y municipales.
Esto transfiere riesgos adicionales a las generaciones futuras. Si otro gobierno aumenta impuestos, endurece normas ambientales o intenta recuperar control operativo, las cláusulas de equilibrio económico y el arbitraje internacional podrían obligarlo a compensar a los inversionistas. El país entrega hoy capacidad regulatoria futura para hacer más rentable un acuerdo cuyos beneficiarios todavía no conocemos.
Washington elige los socios, los compradores y hasta los jueces
OFAC autoriza operaciones a un grupo de compañías occidentales y prohíbe transacciones vinculadas con China, Rus.ia, Irán, Cuba y Corea del Norte. Washington puede tener razones geopolíticas para excluir a sus adversarios, pero esas no son necesariamente las razones comerciales de Venezuela. Reducir el número de competidores disminuye la capacidad venezolana de comparar ofertas, negociar mejores condiciones o diversificar mercados.
Las licencias también exigen que las controversias se tramiten en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Esto entra en tensión con el artículo 151 de la Constitución, que presume para los contratos de interés público la jurisdicción de los tribunales venezolanos, aunque admite una excepción cuando resulte improcedente por la naturaleza del contrato. La nueva Ley de Hidrocarburos amplió expresamente el arbitraje internacional, pero la pregunta constitucional permanece: una ley puede regular la excepción; no debería convertirla en la regla impuesta por un gobierno extranjero.
Además, las licencias de OFAC son decisiones administrativas unilaterales y modificables. Venezuela puede reorganizar toda su industria para satisfacer sus condiciones y descubrir posteriormente que Washington cambió las autorizaciones, los operadores permitidos o el destino de los pagos. El convenio no elimina las sanciones; construye un negocio que funciona únicamente mientras Estados Unidos decida suspender algunas de ellas.
Un consentimiento negociado bajo la sombra de la fuerza
El acuerdo tampoco puede separarse de las circunstancias en que fue negociado. Estados Unidos capturó a Maduro mediante una operación militar en enero, controla desde entonces las principales ventas de petróleo venezolano y reconoce a Delcy como autoridad provisional. Meses después, esa misma autoridad concede a Washington derechos de larguísimo plazo sobre los recursos que Trump había identificado públicamente como objetivo estratégico.
Si el acuerdo entre ambos gobiernos tiene naturaleza de tratado, el artículo 52 de la Convención de Viena establece que es nulo cuando su celebración ha sido obtenida mediante la amenaza o el uso de la fuerza contrario a la Carta de Naciones Unidas. Probar jurídicamente esa conexión requeriría conocer el texto, las negociaciones y las presiones ejercidas. No puede afirmarse todavía que un tribunal ya haya declarado esa nulidad. Pero tampoco puede fingirse que Delcy negoció en condiciones normales con un socio comercial ordinario.
El principio de soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, reconocido por la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, vincula ese control con el derecho de autodeterminación. Un convenio negociado después de una intervención militar, por un gobierno provisional no elegido y sin consulta pública plantea exactamente el tipo de problema que ese principio buscaba evitar.
Venezuela asume perjuicios ciertos a cambio de beneficios todavía hipotéticos
La producción no aumentará de inmediato. Buena parte del petróleo de la Faja del Orinoco es extrapesado y necesita diluyentes, mejoramiento, electricidad estable y una infraestructura que requiere años de reparación. Tampoco conocemos las obligaciones sobre empleo venezolano, transferencia tecnológica, contenido nacional, suministro del mercado interno, reparación ambiental o abandono de los campos.
Los beneficios —US$100.000 millones de inversión, miles de empleos y US$209.000 millones en tributos— son proyecciones sin contrato público. Los perjuicios institucionales ya son visibles: control extranjero mayoritario, ingresos bajo custodia estadounidense, compradores seleccionados por Washington, arbitraje fuera del país, exclusión de competidores y un compromiso que podría durar cien años.
Venezuela necesita inversión para recuperar su industria petrolera. Eso no obliga a aceptar cualquier condición. Un convenio defendible exigiría publicar los contratos y los campos; someterlos a aprobación parlamentaria y revisión judicial independiente; realizar licitaciones competitivas; vender el petróleo a precios de mercado; mantener los ingresos bajo control presupuestario venezolano; establecer límites temporales razonables; y garantizar impuestos, contenido nacional, transferencia tecnológica y responsabilidades ambientales verificables.
Nada de eso aparece todavía. Lo que sí aparece con claridad es lo que obtiene Estados Unidos: control sobre una reserva gigantesca sin desembolso público inicial, petróleo garantizado a costo, nuevos suministros para sus refinerías y capacidad para decidir quién participa y dónde queda el dinero. Trump lo llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia. Desde la perspectiva venezolana, puede terminar siendo el compromiso más largo, opaco y desigual de nuestra historia petrolera.
Referencias
Associated Press: estructura preliminar, derechos por cien años, 55% de la producción efectiva y petróleo a costo
Reuters: 17 campos, regiones involucradas, contratos pendientes y dudas sobre la base legal
Axios: participación accionaria, compra garantizada a costo y falta de cierre definitivo
Constitución venezolana: artículos 12 y 13 sobre yacimientos y territorio nacional
Constitución venezolana: artículos 150, 151 y 154 sobre contratos públicos, jurisdicción y tratados
Constitución venezolana: artículos 302 y 303 sobre la actividad petrolera y PDVSA
Constitución venezolana: artículos 233 y 234 sobre faltas presidenciales y duración de la suplencia
Bloque Constitucional: vencimiento de la suplencia y obligación de convocar elecciones
Asamblea Nacional: reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Mayer Brown: análisis de los derechos operativos, régimen fiscal y equilibrio económico de los contratos
OFAC: paquete de licencias venezolanas del 27 de agosto de 2026
OFAC, Licencia General 50C: pagos, regalías, arbitraje, reportes y operadores excluidos
Casa Blanca: fondos petroleros venezolanos bajo custodia del Tesoro estadounidense
OFAC: jurisdicciones obligatorias para la resolución de disputas
Naciones Unidas: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 52
Naciones Unidas: soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales
