Publicado por Luis Martínez | Sep 25, 2026 | 8:42 pm | Nacionales
Mesa de diálogo definió juristas que revisarán credenciales de aspirantes al TSJ
La mesa de negociación entre representantes del Gobierno y la Asamblea Nacional electa en 2015 acordó este viernes 25 de septiembre conformar un Consejo de Revisión de Credenciales para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de los avances de la segunda ronda de conversaciones. La creación de esta instancia ya había sido contemplada en los acuerdos alcanzados durante el primer ciclo de diálogo.
El presidente de la Asamblea Nacional de 2025, Jorge Rodríguez, ofreció un balance de las siete jornadas de esta segunda ronda y señaló que las partes también acordaron respaldar y ampliar las medidas adoptadas por las autoridades interinas para desbloquear portales digitales de medios de comunicación independientes.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, informó que el Consejo de Revisión de Credenciales estará integrado por los juristas Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Cilio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni de Govea.
La instancia tendrá entre sus tareas la revisión de las credenciales y requisitos de los postulados al máximo tribunal, dentro del nuevo procedimiento acordado para la renovación de los magistrados. El proceso contempla además la aplicación de criterios establecidos en la Constitución, la legislación correspondiente y el baremo de evaluación.
Figuera señaló asimismo que la próxima sesión de la AN de 2025 deberá avanzar en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y en la publicación del cronograma que regirá el procedimiento. Estos pasos forman parte de la ruta acordada para reiniciar el proceso de selección de los integrantes del TSJ.
El segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno venezolano y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 dejó, entre sus principales acuerdos, la creación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El organismo estará integrado por siete juristas: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea. El Consejo tendrá la responsabilidad de revisar las credenciales de quienes aspiren a convertirse en magistrados del máximo tribunal venezolano y contribuir al diseño de los criterios con los que serán evaluados.
La composición resulta particularmente llamativa por la diversidad de trayectorias. Hay académicos de larga trayectoria internacional, especialistas en derechos humanos, juristas vinculados históricamente al Poder Judicial venezolano y una exministra del Trabajo. Además, **cuatro de los siete integrantes ya fueron magistrados del máximo tribunal venezolano**, de acuerdo con la información recopilada sobre sus carreras.
Belén Ramírez Landaeta: una trayectoria en el Derecho Administrativo
Belén Ramírez Landaeta es especialista en Derecho Administrativo y Derecho Público. Fue magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y posteriormente integró la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, hasta la sustitución de esta por el Tribunal Supremo de Justicia en 1999.
También ha desarrollado una importante actividad académica y de divulgación jurídica. Es fundadora y presidenta de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), institución dedicada al estudio del Derecho Administrativo y del Derecho Público venezolano.
Su trayectoria conocida es fundamentalmente judicial y académica. No aparece, en la información pública disponible, como dirigente partidista. Su experiencia se concentra en el funcionamiento del Estado y en el control jurídico de la Administración Pública.
Rogelio Pérez Perdomo: el académico
Rogelio Pérez Perdomo es probablemente el integrante con una trayectoria académica internacional más extensa.
Es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Derecho de Harvard y estudios de Filosofía y Sociología del Derecho en París. Ha sido profesor y decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, profesor de Stanford y director académico del Stanford Program for International Legal Studies.
También fue director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho de Oñati, en España, y es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.
Su especialidad no se limita al Derecho en sentido estrictamente técnico: ha estudiado durante décadas la profesión jurídica, la educación de los abogados, la historia del Derecho y la relación entre las instituciones jurídicas y la sociedad. No se observa en su trayectoria pública una actividad partidista comparable con la de un dirigente político.
Bernardo Pulido Márquez: derechos humanos y derechos políticos
Bernardo Pulido Márquez presenta un perfil diferente. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en Stanford y un doctorado en Ciencias Jurídicas por Notre Dame.
Su trayectoria profesional incluye la defensa de derechos humanos en Venezuela, incluida la representación de presos políticos y dirigentes de la oposición. También fue profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Una parte importante de su investigación se ha concentrado en las restricciones al derecho de participación política y, específicamente, en las limitaciones para postularse a cargos de elección popular. Ha estudiado además la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por tanto, su vinculación con sectores opositores está documentada principalmente a través de su actividad profesional como abogado defensor de derechos humanos y de personas vinculadas a la oposición, más que por una trayectoria conocida como dirigente partidista.
Silio Sánchez: una trayectoria vinculada al Poder Judicial
El cuarto nombre presenta una dificultad que conviene señalar. Las distintas publicaciones que han divulgado la composición del Consejo no escriben su nombre exactamente de la misma manera: aparecen las formas Silio Sánchez, Cilio Sánchez y Cecilio Sánchez.
Las fuentes consultadas lo relacionan con la estructura judicial venezolana y con la Sala de Casación Social del TSJ. Sin embargo, la información biográfica pública disponible actualmente es mucho más escasa que la existente sobre los otros integrantes.
Por esa razón, sería imprudente atribuirle una trayectoria política concreta sin disponer de documentación adicional. Lo que sí puede afirmarse es que su carrera está vinculada al ámbito judicial venezolano. La identificación exacta de su nombre completo y sus cargos anteriores debería confirmarse mediante el documento oficial del Consejo o un currículo institucional.
Deyanira Nieves Bastidas: una larga carrera en la Sala Penal
Deyanira Nieves Bastidas desarrolló buena parte de su carrera en el Tribunal Supremo de Justicia. Fue magistrada de la Sala de Casación Penal y llegó a presidir dicha Sala.
Su nombre aparece en numerosas decisiones judiciales como magistrada ponente, participando en asuntos relacionados con recursos de casación, solicitudes de avocamiento, conflictos de competencia y otros procedimientos de naturaleza penal.
Su trayectoria, por tanto, es esencialmente judicial. No he encontrado elementos suficientes para atribuirle una militancia partidista concreta. Lo que sí constituye un dato objetivo es que desarrolló una parte sustancial de su carrera en el máximo tribunal durante los años de gobierno de Hugo Chávez y posteriormente.
Federico Fuenmayor: Derecho Constitucional y Penal
Federico Fuenmayor es otro de los integrantes con experiencia directa en el máximo tribunal. Su especialización comprende Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Penitenciario.
Su formación incluye estudios doctorales y de posgrado en esas áreas y su trayectoria profesional estuvo vinculada tanto al Ministerio Público como al Tribunal Supremo de Justicia. Fue magistrado de la Sala Constitucional del TSJ y posteriormente identificado como magistrado emérito.
También ha desarrollado actividad académica en materias relacionadas con el delito, la pena, las garantías constitucionales y el sistema penitenciario.
Al igual que en el caso de Deyanira Nieves, su trayectoria institucional se desarrolló en buena medida durante el período chavista. Ese hecho es verificable, pero por sí solo no permite establecer una militancia política determinada.
María Bernardoni Govea: Derecho Laboral y experiencia ministerial
María Bernardoni Govea tiene una extensa trayectoria académica y profesional en Derecho Laboral y Derecho Social.
Es abogada egresada de la Universidad del Zulia y realizó estudios de posgrado en Italia relacionados con Derecho del Trabajo, Derecho Sindical y Economía del Trabajo. Fue profesora titular de la Universidad del Zulia y ha ejercido docencia en varias universidades venezolanas.
Pero su trayectoria no se limita al mundo académico. Entre 1997 y 1999 fue ministra del Trabajo durante el segundo gobierno de Rafael Caldera. Posteriormente presidió el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Bernardoni también ha expresado públicamente su vinculación intelectual con Rafael Caldera, a quien ha identificado como una figura fundamental en su formación política y jurídica. En este caso sí existe, por tanto, una relación política histórica documentada con el entorno calderista, aunque eso no equivale necesariamente a una militancia partidista actual.
Una composición que merece atención
Los siete juristas presentan perfiles muy diferentes:
- Belén Ramírez Landaeta: Derecho Administrativo y experiencia en la antigua Corte Suprema.
- Rogelio Pérez Perdomo: academia, sociología jurídica e historia del Derecho.
- Bernardo Pulido Márquez: derechos humanos, Derecho Constitucional y derechos políticos.
- Silio Sánchez: trayectoria vinculada al ámbito judicial, aunque su biografía pública requiere mayor precisión.
- Deyanira Nieves Bastidas: Derecho Penal y antigua magistrada de la Sala de Casación Penal.
- Federico Fuenmayor: Derecho Constitucional y Penal, además de experiencia como magistrado.
- María Bernardoni Govea: Derecho Laboral, academia y antigua ministra del Trabajo de Rafael Caldera.
Más allá de las etiquetas políticas, hay un dato que merece especial atención: una parte importante del Consejo tiene experiencia directa dentro del propio Poder Judicial venezolano, mientras que otros integrantes proceden principalmente de la academia o de la defensa de derechos humanos. Cuatro de los siete ya ejercieron como magistrados del máximo tribunal.
La pregunta que queda abierta es quizá la más importante: ¿quién propuso a cada uno de los siete juristas? El acuerdo establece que cuatro fueron escogidos por la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y tres por la representación gubernamental. Sin embargo, las informaciones publicadas hasta ahora no identifican públicamente qué nombres corresponden a cada delegación.
Conocer esa distribución permitiría entender mucho mejor el significado de la composición del Consejo. La trayectoria de cada jurista explica quién es y qué experiencia aporta; saber quién lo propuso y por qué permitiría completar la fotografía política de este nuevo paso en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.
Casi todos esos nombres son desconocidos para la mayoria.
Lo único seguro y ampliamente comprobado es que, cualquier cosa que tenga la bendición y el apoyo de Jorge Rodríguez siempre será truculenta, poco provechosa y obedecerá a sus propios y mal sanos intereses. Nunca para los venezolanos. ZAPE!!!
