El acuerdo petrolero de EE. UU. con Venezuela: qué hay detrás
1. ¿Qué recibió realmente NABEP?
Según la Casa Blanca, las autoridades venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP)
concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros, con unas reservas probadas estimadas en
65.000 millones de barriles. Eso equivale aproximadamente a una quinta parte de las reservas probadas venezolanas. La empresa es privada y está controlada por Alejandro Betancourt.
Aquí aparece ya una primera rareza:
Venezuela y Washington no han descrito exactamente igual la duración. Washington habla de 100 años; Delcy Rodríguez ha hablado públicamente de un proyecto de 25 años. La documentación contractual completa no se ha hecho pública, que es precisamente una de las cosas que ahora exige el Congreso.
2. ¿Qué recibe Estados Unidos?
No es simplemente una participación financiera. El
Office of Strategic Capital del Pentágono obtiene el 35 % del capital de la sociedad matriz de NABEP, sin desembolso declarado para el contribuyente.
Además, EE. UU. obtiene derechos extraordinariamente fuertes sobre la producción: puede comprar
el 20 % del petróleo a coste de producción y tiene derecho preferente sobre el 80 % restante.
Washington también tiene
veto sobre los nombramientos del consejo, y la mayoría de los consejeros deben ser ciudadanos estadounidenses. El acuerdo se rige además por derecho estadounidense y queda sometido a tribunales de EE. UU.
Y hay un detalle financiero bastante jugoso:
ese 35 % no se estructuró mediante una compra convencional de acciones. Reuters informó que se utilizaron
penny warrants: derechos que permiten al Gobierno mantener su participación y evitar que se diluya cuando NABEP consiga capital para desarrollar los campos.
Según un funcionario estadounidense, EE. UU. conserva incluso los beneficios económicos correspondientes al 35 % mientras el proyecto se desarrolla.
3. ¿Quién pone el dinero para sacar el petróleo?
Aquí está una de las preguntas que el Congreso quiere contestar.
NABEP anuncia
hasta 100.000 millones de dólares de inversión en infraestructura petrolera. Pero «hasta 100.000 millones» no significa que existan ya 100.000 millones comprometidos en una cuenta.
La Administración dice que NABEP captará capital privado y que la estructura permite desarrollar el proyecto
sin coste para el contribuyente estadounidense.
Sin embargo, todavía faltan públicamente los documentos que permitan saber
quién aporta qué dinero, bajo qué garantías y quién asume las pérdidas si el proyecto fracasa.
Y aquí llegamos al punto más importante del asunto.
Si Washington posee el 35 %, tiene derechos sobre el petróleo, controla aspectos del consejo y además quiere que la operación sea estratégica para Estados Unidos,
¿qué ocurre si hay que proteger físicamente esos activos?
La carta de los congresistas pregunta expresamente por las obligaciones estadounidenses relacionadas con los activos y por las garantías concedidas.
Pero hay que hacer una precisión:
eso no demuestra que exista ya un compromiso de desplegar tropas para proteger los campos. Esa parte de la formulación de Alandete es una inferencia sobre las posibles consecuencias del acuerdo, no algo que la carta establezca como hecho.
4. ¿Y qué obtiene Venezuela?
Sobre el papel, es bastante considerable: inversión, aumento de producción, empleo y royalties/impuestos.
La Casa Blanca calcula unos
200.000 millones de dólares de royalties e impuestos durante los primeros 25 años. También sostiene que el sistema de supervisión financiera estadounidense impedirá que esos ingresos sean desviados.
Pero aquí aparece otra pregunta de los demócratas:
¿Quién controla el dinero venezolano generado por el petróleo y qué mecanismos garantizan que llegue al Estado venezolano y termine beneficiando a la población?
No es una pregunta menor, porque los congresistas recuerdan que anteriormente la Administración había canalizado ingresos petroleros venezolanos mediante una cuenta en Qatar y quieren conocer las condiciones financieras de todo el entramado.
5. Y ahora viene Betancourt
Los congresistas señalan que NABEP está controlada por
Alejandro Betancourt y que existen investigaciones por blanqueo y corrupción en
Estados Unidos, España y Suiza.
La carta también recoge informaciones según las cuales funcionarios estadounidenses intervinieron ante autoridades suizas en relación con el procedimiento contra él.
Eso último es una acusación que los congresistas quieren investigar;
no equivale a que Betancourt haya sido condenado por esos delitos.
Por eso la pregunta del Congreso es bastante concreta:
¿Por qué se escogió precisamente a NABEP y qué recibió Betancourt a cambio de aceptar el 35 % estadounidense?
La Casa Blanca presenta a NABEP como un operador venezolano experimentado y de importancia estratégica; los congresistas quieren ver el contrato, los accionistas anteriores, las comunicaciones con la Administración Trump y las condiciones completas.
6. Lo verdaderamente extraordinario
Si juntamos las piezas, el esquema queda aproximadamente así:
Venezuela → concede los campos → NABEP/Betancourt los explota → EE. UU. posee 35 % de la sociedad → EE. UU. controla parte del consejo → EE. UU. compra 20 % del petróleo a coste → EE. UU. tiene preferencia sobre el resto → EE. UU. obtiene dividendos → Venezuela recibe impuestos y royalties.
Y todo ello con
concesiones que Washington describe como de 100 años.
Por eso se entiende mejor el tuit de Alandete. El asunto no es simplemente petróleo. Es la creación de una especie de
sociedad petrolera de naturaleza híbrida público-privada, donde el Gobierno estadounidense tiene una participación económica sustancial y derechos de control sobre una empresa privada que explota recursos estratégicos de otro país.
Y ahí es donde la pregunta militar deja de parecer una ocurrencia:
Si Washington tiene una participación del 35 % y considera esos activos parte de su seguridad energética, ¿hasta dónde llegan las obligaciones estadounidenses para protegerlos?
La Administración todavía no ha hecho público el conjunto de documentos que permitiría responder con seguridad.
De hecho,
esa es precisamente la información que los cinco congresistas están intentando obtener ahora. La carta del 1 de octubre exige los contratos, las concesiones, las garantías, las comunicaciones con Betancourt, la estructura accionarial y las obligaciones adquiridas por EE. UU.
Lo verdaderamente relevante no es solamente quién extraerá el petróleo venezolano. Es
qué derechos económicos y estratégicos ha adquirido Estados Unidos, qué obligaciones ha asumido a cambio y qué parte del acuerdo permanece todavía fuera del conocimiento público.
Y mientras esos documentos no sean públicos, hay una diferencia importante entre
lo que sabemos,
lo que la Administración afirma y
lo que los congresistas demócratas sospechan o quieren comprobar.
Y aquí es donde esto se relaciona con el post de "colocar una base militar en Venezuela".
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