«Queremos recuperar la dignidad de mi hermano», afirma víctima del 11 de abril de 2002
Publicado: Jue Oct 15, 2026 2:41 am
https://talcualdigital.com/noticias/que ... l-de-2002/
Luisa Quintero
octubre 14, 2026
La representación del Estado venezolano no participó de la audiencia sobre los hechos del 11 de abril de 2002, pese a que la Corte IDH envió la invitación para juramentar a su representado
Marcha 11 de abril de 2002
Luego de 24 años de los sucesos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública sobre las personas fallecidas y heridas durante las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y la responsabilidad del Estado venezolano sobre diversas violaciones durante estos hechos.
En la audiencia sobre el caso «Trujillo y otros vs Venezuela», los jueces escucharon los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones de una víctima, una testigo de las manifestaciones y un perito que habló sobre las decisiones del Ejecutivo respecto a la represión de la marcha de ese abril, convocada por gremios laborales y diversos sectores en rechazo al despido público de centenares de trabajadores de la estatal Pdvsa.
Cristina Blanco, representante de la CIDH, hizo la presentación del caso. Recordó que agentes de la Guardia Nacional usaron «armas letales» en contra de los manifestantes y según la información, hubo coordinación estatal entre las autoridades y miembros de colectivos denominados «Círculos Bolivarianos».
Cerca de El Silencio, indicó la CIDH, la Guardia Nacional disparó contra los manifestantes y se produjeron las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso. En ese sitio resultó herido Fernando Joel Sánchez Colmenares. En Puente Llaguno, los Círculos Bolivarianos mataron a Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, e hirieron a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
La CIDH reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela en la violación sobre el derecho a la vida y libertades personales de al menos una decena de personas. «Transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos ni se han determinado las responsabilidades correspondientes, lo que evidencia una situación de impunidad que afecta a las víctimas y sus familiares».
Entre otras cosas, la CIDH pidió a la Corte ordenar una reparación integral, una investigación efectiva y garantías de no repetición, incluida la limitación del uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales.
La representación del Estado venezolano no participó de la audiencia, pese a que la Corte IDH envió la invitación para juramentar a su representado y enviar sus alegatos. El Foro Penal, representado por los abogados Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Julio Henríquez, participó en los interrogatorios. Esta ONG fue la que presentó el caso en 2002 ante la propia CIDH.
Justicia por las víctimas del 11 de abril de 2002
Yanfri Querales habló en representación de las víctimas. Explicó que su hermano Juan David Querales, un teleoperador de 25 años, murió por un disparo de un funcionario de la Guardia Nacional durante la protesta. Indicó que al presentarse ante la Corte IDH «se cumple un poco lo que siempre he dicho de que se cumple la luz al final del túnel, hoy mismo la estamos viendo un poco mi familia y yo».
Dijo que la familia decidió participar de la marcha del 11 de abril de 2002 porque «repudiábamos el o***io que Chávez inculcaba entre el oficialismo y los opositores a su régimen, todas las medidas que empezó a tomar, las empezamos a repudiar entre ellas la Ley de Habitabilidad, donde se impulsaban las expropiaciones, eran muchas medidas que no estábamos de acuerdo».
Ella se tuvo que quedar en su casa junto a su esposo porque no pudo conseguir quien cuidara a su hijo. Contó que alrededor de las 3:00 p.m, una de sus hermanas la llamó para decirle Juan David se había perdido, pues no llegó al sitio donde habían pactado el encuentro. «A eso de las siete de la tarde nos dimos cuenta que no, que no llegaba», dijo la mujer entre lágrimas.
La familia realizó una búsqueda por varios centros de salud de Caracas hasta que llegaron al hospital Dr. José María Vargas. En ese lugar, relató, «vimos la lista, que había ingresado como herido, dentro de la desesperación que había en ese momento, lo empezamos a buscar y no lo encontrábamos por ningún lado. Mi hermana se metió a la morgue a revisar los cuerpos… Hasta que un doctor salió y nos comentó que Juan David había sido operado, que estaba grave y si se salvaba perdía una pierna… Al final no aguantó, murió de un shock por falta de sangre porque la bala perforó la femoral y destrozó la pelvis».
Una prima de la familia tuvo que reconocer el cuerpo de Juan David Querales, pues sus hermanas quedaron en estado de shock ante la noticia de su muerte. Yanfri aseguró que 25 años puede ser mucho tiempo, aunque su familia no lo vive así por la pérdida de uno de sus integrantes.
«Para nosotros todos los días fue ayer (11 de abril de 2002). 25 años se escucha muchísimo tiempo pero para nosotros no ha sido así. Esto causó muchos cambios a la familia, porque después de su muerte vinieron muchas entrevistas. Recuerdo una entrevista, estábamos en nuestra casa en Caracas y estaban varios medios, entre esos CNN en Español, y mi mamá dijo que ella votó por Chávez y no sabía que al votar por Chávez estaba votando por la sentencia de muerte de su hijo», señaló.
Esas declaraciones le trajeron amenazas a la familia Querales, recordó Yanfri. «Chávez decía que eramos traidores a la patria y nos iba a meter presos».
Contó que la zona donde vivía en Caracas era oficialista y eran increpados por vecinos. Su madre tuvo que vender su casa en Barinas también por las amenazas. «En vez de ser víctimas, que lo somos, éramos enemigos».
En el 2005, después del referendo revocatorio, Yanfri se fue junto a su pareja y su hijo a España. Allá presentó una solicitud de asilo por la persecución y amenazas que recibió la familia tras la muerte de Juan David y les fue concedida. Incluso durante el entierro de su hermano en Barinas un grupo de colectivos motorizados llegó a la funeraria -que tuvo que ser cerrada- gritándoles ‘traidores a la patria’.
Querales indicó durante la audiencia que la Policía Técnica Judicial (PTJ, hoy nombrada Cicpc) realizó una «investigación interesante» donde reunieron las pruebas, como la bala que le causó la muerte a Juan David, y lograron determinar que la persona que disparó fue un funcionario de la Guardia Nacional. «Al final no supimos más. Tengo entendido que a todos los que estaban en esa investigación los sacaron del cuerpo y las pruebas nunca aparecieron».
Sobre los presuntos responsables de la muerte de Juan David Querales y los funcionarios que acompañaron esa represión en abril de 2002, la mujer comentó que la familia no obtuvo mayor información luego de que se paralizó la investigación de la PTJ. Les dijeron que a esos efectivos «los habían cambiado de estado» y nunca tuvieron otros datos sobre su paradero.
«Si estamos aquí es porque queremos que se haga justicia y se responsabilice en este caso a quienes hayan cometido, que es el Estado, este asesinato. La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, nosotros la queremos recuperar. Nunca hemos perdido la esperanza de eso. La dignidad de nosotros como familia, y antes de que fallezcan mis padres que ellos puedan ver esa justicia que hemos estado esperando», expresó.
Hablan los testigos
La periodista Delvalle Canelón participó en la audiencia como testigo de los hechos. En ese entonces trabajaba como reportera de Globovisión durante la cobertura del 11 de abril de 2002. En horas de la tarde fue movilizada a la avenida Baralt (centro de Caracas). «En lo que se conoce como Puente Llaguno.., a menos de media cuadra del palacio de Miraflores, me tocó ver a muchas personas civiles que estaban disparando».
Dijo que estos civiles armados «estaban esperando a la manifestación… Yo estaba de sur a norte y vi a todos los que estaban sobre Puente Llaguno y estaban disparando hacia la manifestación que estaban en la parte baja de la avenida Baralt».
Asimismo, relató que logró ver a civiles armados en las adyacencias de la avenida Baralt. «La Guardia Nacional llegó después, yo pensé que iban a poner presos a todas estas personas que estaban allí de civiles, que estaban disparando, pero eso no ocurrió. La Guardia conversó con ellos, estaba un sujeto encapuchado, con binoculares en el medio del puente, conversaron con ellos y luego bajaron de allí».
También comentó que nunca llegó a observar a los manifestantes armados. «Yo vi muchas personas muertas, como cargaban a muchas personas heridas. Yo vi el caos, como las personas pedían que no dispararan».
Al ser consultada sobre el papel de la Policía Metropolitana en la manifestación del 11 de abril, Canelón dijo que «la policía intentaba, cuando había cese al fuego, ellos pasaban a la gente desde los alrededores de Miraflores, la plaza O’Leary que había mucha gente, los pasaban para que subieran a la Asamblea Nacional y pudiera huir de los sitios donde estaban disparando. Yo pasé allí tres horas y bajé de ese edificio después de las 6 de la tarde porque un funcionario de la Disip en un helicóptero nos amenaza».
Indicó además que fue llamada a declarar en el caso contra los comisarios y un grupo de funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, cuyo juicio se realizó en Maracay. Todo el material que grabó junto a su equipo fue entregado sin editar por el equipo legal de Globovisión, donde sigue trabajando, a la Fiscalía para que fuese incorporado como prueba en ese proceso penal.
La periodista lloró al contar que en una de las audiencias fue amenazada directamente por dos de los pistoleros de Puente Llaguno, que eran defendidos por el fiscal Danilo Anderson. «Allí fue la primera vez que yo veía a estas personas frente a frente. Cuando yo fui al baño se metió uno de ellos, quien se metió fue (Henry) Atencio y quedó fuera en la puerta Richard Peñalver. Me amenazó que tuviera cuidado con lo que fuera a decir, cuando salí le dije a la abogada lo que había pasado. Ella habló con el fiscal Danilo Anderson, le dijo ‘mira, controla a tu gente porque me acaban de amenazar a la testigo en el baño’ y él dijo que lo iba a hacer. No sé si lo hizo».
Denunció que varias veces se consiguió a estas dos personas en la calle, particularmente Peñalver, quien le hizo señas amenazantes con forma de pistola.
Canelón, quien aún vive en Venezuela, reconoció que teme represalias por su declaración ya que «en Venezuela las cosas no han mejorado… Son los mismos que han acompañado al gobierno desde hace 27 años». También expresó su deseo de que «un hecho como este no puede volver a ocurrir en nuestro país, ni hechos como este ni las consecuencias como que muera gente… que sean perseguidos o encarcelados. El 11 de abril (de 2002) fue el inició de todo lo que pasó después».
Luisa Quintero
octubre 14, 2026
La representación del Estado venezolano no participó de la audiencia sobre los hechos del 11 de abril de 2002, pese a que la Corte IDH envió la invitación para juramentar a su representado
Marcha 11 de abril de 2002
Luego de 24 años de los sucesos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública sobre las personas fallecidas y heridas durante las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y la responsabilidad del Estado venezolano sobre diversas violaciones durante estos hechos.
En la audiencia sobre el caso «Trujillo y otros vs Venezuela», los jueces escucharon los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones de una víctima, una testigo de las manifestaciones y un perito que habló sobre las decisiones del Ejecutivo respecto a la represión de la marcha de ese abril, convocada por gremios laborales y diversos sectores en rechazo al despido público de centenares de trabajadores de la estatal Pdvsa.
Cristina Blanco, representante de la CIDH, hizo la presentación del caso. Recordó que agentes de la Guardia Nacional usaron «armas letales» en contra de los manifestantes y según la información, hubo coordinación estatal entre las autoridades y miembros de colectivos denominados «Círculos Bolivarianos».
Cerca de El Silencio, indicó la CIDH, la Guardia Nacional disparó contra los manifestantes y se produjeron las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso. En ese sitio resultó herido Fernando Joel Sánchez Colmenares. En Puente Llaguno, los Círculos Bolivarianos mataron a Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, e hirieron a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
La CIDH reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela en la violación sobre el derecho a la vida y libertades personales de al menos una decena de personas. «Transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos ni se han determinado las responsabilidades correspondientes, lo que evidencia una situación de impunidad que afecta a las víctimas y sus familiares».
Entre otras cosas, la CIDH pidió a la Corte ordenar una reparación integral, una investigación efectiva y garantías de no repetición, incluida la limitación del uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales.
La representación del Estado venezolano no participó de la audiencia, pese a que la Corte IDH envió la invitación para juramentar a su representado y enviar sus alegatos. El Foro Penal, representado por los abogados Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Julio Henríquez, participó en los interrogatorios. Esta ONG fue la que presentó el caso en 2002 ante la propia CIDH.
Justicia por las víctimas del 11 de abril de 2002
Yanfri Querales habló en representación de las víctimas. Explicó que su hermano Juan David Querales, un teleoperador de 25 años, murió por un disparo de un funcionario de la Guardia Nacional durante la protesta. Indicó que al presentarse ante la Corte IDH «se cumple un poco lo que siempre he dicho de que se cumple la luz al final del túnel, hoy mismo la estamos viendo un poco mi familia y yo».
Dijo que la familia decidió participar de la marcha del 11 de abril de 2002 porque «repudiábamos el o***io que Chávez inculcaba entre el oficialismo y los opositores a su régimen, todas las medidas que empezó a tomar, las empezamos a repudiar entre ellas la Ley de Habitabilidad, donde se impulsaban las expropiaciones, eran muchas medidas que no estábamos de acuerdo».
Ella se tuvo que quedar en su casa junto a su esposo porque no pudo conseguir quien cuidara a su hijo. Contó que alrededor de las 3:00 p.m, una de sus hermanas la llamó para decirle Juan David se había perdido, pues no llegó al sitio donde habían pactado el encuentro. «A eso de las siete de la tarde nos dimos cuenta que no, que no llegaba», dijo la mujer entre lágrimas.
La familia realizó una búsqueda por varios centros de salud de Caracas hasta que llegaron al hospital Dr. José María Vargas. En ese lugar, relató, «vimos la lista, que había ingresado como herido, dentro de la desesperación que había en ese momento, lo empezamos a buscar y no lo encontrábamos por ningún lado. Mi hermana se metió a la morgue a revisar los cuerpos… Hasta que un doctor salió y nos comentó que Juan David había sido operado, que estaba grave y si se salvaba perdía una pierna… Al final no aguantó, murió de un shock por falta de sangre porque la bala perforó la femoral y destrozó la pelvis».
Una prima de la familia tuvo que reconocer el cuerpo de Juan David Querales, pues sus hermanas quedaron en estado de shock ante la noticia de su muerte. Yanfri aseguró que 25 años puede ser mucho tiempo, aunque su familia no lo vive así por la pérdida de uno de sus integrantes.
«Para nosotros todos los días fue ayer (11 de abril de 2002). 25 años se escucha muchísimo tiempo pero para nosotros no ha sido así. Esto causó muchos cambios a la familia, porque después de su muerte vinieron muchas entrevistas. Recuerdo una entrevista, estábamos en nuestra casa en Caracas y estaban varios medios, entre esos CNN en Español, y mi mamá dijo que ella votó por Chávez y no sabía que al votar por Chávez estaba votando por la sentencia de muerte de su hijo», señaló.
Esas declaraciones le trajeron amenazas a la familia Querales, recordó Yanfri. «Chávez decía que eramos traidores a la patria y nos iba a meter presos».
Contó que la zona donde vivía en Caracas era oficialista y eran increpados por vecinos. Su madre tuvo que vender su casa en Barinas también por las amenazas. «En vez de ser víctimas, que lo somos, éramos enemigos».
En el 2005, después del referendo revocatorio, Yanfri se fue junto a su pareja y su hijo a España. Allá presentó una solicitud de asilo por la persecución y amenazas que recibió la familia tras la muerte de Juan David y les fue concedida. Incluso durante el entierro de su hermano en Barinas un grupo de colectivos motorizados llegó a la funeraria -que tuvo que ser cerrada- gritándoles ‘traidores a la patria’.
Querales indicó durante la audiencia que la Policía Técnica Judicial (PTJ, hoy nombrada Cicpc) realizó una «investigación interesante» donde reunieron las pruebas, como la bala que le causó la muerte a Juan David, y lograron determinar que la persona que disparó fue un funcionario de la Guardia Nacional. «Al final no supimos más. Tengo entendido que a todos los que estaban en esa investigación los sacaron del cuerpo y las pruebas nunca aparecieron».
Sobre los presuntos responsables de la muerte de Juan David Querales y los funcionarios que acompañaron esa represión en abril de 2002, la mujer comentó que la familia no obtuvo mayor información luego de que se paralizó la investigación de la PTJ. Les dijeron que a esos efectivos «los habían cambiado de estado» y nunca tuvieron otros datos sobre su paradero.
«Si estamos aquí es porque queremos que se haga justicia y se responsabilice en este caso a quienes hayan cometido, que es el Estado, este asesinato. La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, nosotros la queremos recuperar. Nunca hemos perdido la esperanza de eso. La dignidad de nosotros como familia, y antes de que fallezcan mis padres que ellos puedan ver esa justicia que hemos estado esperando», expresó.
Hablan los testigos
La periodista Delvalle Canelón participó en la audiencia como testigo de los hechos. En ese entonces trabajaba como reportera de Globovisión durante la cobertura del 11 de abril de 2002. En horas de la tarde fue movilizada a la avenida Baralt (centro de Caracas). «En lo que se conoce como Puente Llaguno.., a menos de media cuadra del palacio de Miraflores, me tocó ver a muchas personas civiles que estaban disparando».
Dijo que estos civiles armados «estaban esperando a la manifestación… Yo estaba de sur a norte y vi a todos los que estaban sobre Puente Llaguno y estaban disparando hacia la manifestación que estaban en la parte baja de la avenida Baralt».
Asimismo, relató que logró ver a civiles armados en las adyacencias de la avenida Baralt. «La Guardia Nacional llegó después, yo pensé que iban a poner presos a todas estas personas que estaban allí de civiles, que estaban disparando, pero eso no ocurrió. La Guardia conversó con ellos, estaba un sujeto encapuchado, con binoculares en el medio del puente, conversaron con ellos y luego bajaron de allí».
También comentó que nunca llegó a observar a los manifestantes armados. «Yo vi muchas personas muertas, como cargaban a muchas personas heridas. Yo vi el caos, como las personas pedían que no dispararan».
Al ser consultada sobre el papel de la Policía Metropolitana en la manifestación del 11 de abril, Canelón dijo que «la policía intentaba, cuando había cese al fuego, ellos pasaban a la gente desde los alrededores de Miraflores, la plaza O’Leary que había mucha gente, los pasaban para que subieran a la Asamblea Nacional y pudiera huir de los sitios donde estaban disparando. Yo pasé allí tres horas y bajé de ese edificio después de las 6 de la tarde porque un funcionario de la Disip en un helicóptero nos amenaza».
Indicó además que fue llamada a declarar en el caso contra los comisarios y un grupo de funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, cuyo juicio se realizó en Maracay. Todo el material que grabó junto a su equipo fue entregado sin editar por el equipo legal de Globovisión, donde sigue trabajando, a la Fiscalía para que fuese incorporado como prueba en ese proceso penal.
La periodista lloró al contar que en una de las audiencias fue amenazada directamente por dos de los pistoleros de Puente Llaguno, que eran defendidos por el fiscal Danilo Anderson. «Allí fue la primera vez que yo veía a estas personas frente a frente. Cuando yo fui al baño se metió uno de ellos, quien se metió fue (Henry) Atencio y quedó fuera en la puerta Richard Peñalver. Me amenazó que tuviera cuidado con lo que fuera a decir, cuando salí le dije a la abogada lo que había pasado. Ella habló con el fiscal Danilo Anderson, le dijo ‘mira, controla a tu gente porque me acaban de amenazar a la testigo en el baño’ y él dijo que lo iba a hacer. No sé si lo hizo».
Denunció que varias veces se consiguió a estas dos personas en la calle, particularmente Peñalver, quien le hizo señas amenazantes con forma de pistola.
Canelón, quien aún vive en Venezuela, reconoció que teme represalias por su declaración ya que «en Venezuela las cosas no han mejorado… Son los mismos que han acompañado al gobierno desde hace 27 años». También expresó su deseo de que «un hecho como este no puede volver a ocurrir en nuestro país, ni hechos como este ni las consecuencias como que muera gente… que sean perseguidos o encarcelados. El 11 de abril (de 2002) fue el inició de todo lo que pasó después».