El 15 de octubre de 2019 el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que daría a cada gobernador aliado del estado de Bolívar una mina de oro para financiar el presupuesto de sus territorios, reiterando con esto la apuesta del régimen de convertir a la minería en el sustento económico del país.Los intentos del dictador venezolano por controlar Bolívar, el corazón minero del país, lo tienen sumido en un caos criminal que ha desatado un conflicto entre actores armados e instituciones corruptas
La decisión de Maduro tenía otra intención, buscar que fueran los gobernadores los encargados de administrar las minas, y con esto ponerle orden a una zona que se le había convertido en completamente anárquica, el Arco Minero del Orinoco (AMO), un área de 111 843,70 km² (el 12% del territorio venezolano) que se extiende por tres estados y cuyas minas han estado históricamente controladas por violentas mafias locales llamadas “sindicatos” que no le son funcionales al régimen.
Lo que no previó el dictador venezolano fue que su decisión no solo no serviría para inyectar de recursos a las gobernaciones, pues estas no tenían ni la capacidad administrativa, financiera, o política para controlar y poner a funcionar las minas, ni mucho menos para apaciguar la región, avivando el conflicto entre los sindicatos, las fuerzas institucionales del régimen, y un tercer actor: las guerrillas colombianas aliadas de Maduro.
Esta G........ por el oro venezolano comprende entonces un entramado de actores en conflicto y de intereses políticos, sociales y económicos que ha dejado una estela de muertos y violencia entre la población de los estados mineros, así como una grave afectación a los ecosistemas que comprenden el AMO.
De acuerdo con la ONG Transparencia por Venezuela, todo esto se agrava gracias a la reinante corrupción que hay alrededor del negocio del oro en el país. Estiman, después de una exhaustiva investigación, que “entre el 70% y 90% del oro que se extrae, sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”.
Dicho contrabando ocurre por tierra y aire y llega a países cercanos como Colombia o tan lejanos como los Emiratos Árabes. Según la consultora Ecoanalítica, para 2018, el negocio del oro ilegal representó 2.711 millones de dólares.
No sorprende entonces los intentos de Maduro por controlarlo al 100%.
Por Jorge Cantillo para Infobae
