El Gobierno multiplica los consejos de ministros para aprobar medidas con alto impacto electoral antes del 29N
Ainhoa Martínez
Madrid
11/11/2026
Pedro Sánchez, ávido por recuperar el control de la agenda política, se ha abrazado a la causa de la huelga general como salvavidas para tratar de remontar la campaña electoral lastrada por el gravísimo accidente ferroviario de Urda. El Gobierno activará en los próximos días las cargas de tensión social y activación de su electorado de las que había trufado el calendario, con el objetivo de espolear a un electorado permeable a la desmovilización. El presidente, experto en 'hacer de la necesidad virtud', ha acabado atándose al paro nacional de este miércoles que, hasta no hace mucho tiempo, era percibido con distancia y resistencias por el Gobierno.
En concreto, fuentes gubernamentales no ocultaban el alto riesgo político que entrañaba hermanarse con una causa que les es ajena -su promoción escapa del control gubernamental- y que puede acabar volviéndose en contra, con proclamas contra el Ejecutivo. Sin embargo, en Moncloa han sucumbido a la tentación de dejarse arrastrar por el enésimo intento de blanquear ocho años de inacción en políticas activas de vivienda, convirtiendo el malestar ciudadano por esta cuestión en «una huelga contra la oposición», en lugar de en una reclamación contra el Gobierno.
El Ejecutivo ha reservado, también, para este jueves -en vísperas de la apertura oficial de la campaña electoral- la votación en la Diputación Permanente de los decretos de vivienda recuperados tras la derrota parlamentaria que promovió el adelanto electoral. Un intento de volver a situar los temas de debate en un marco favorable, tras semanas de desconcierto en las que la tragedia ferroviaria -primero- y el resurgir de los casos de corrupción -después- habían desarticulado por completo la estrategia.
Sánchez, por tanto, asume la causa de la huelga como propia y, por extensión, el riesgo de que un pinchazo en la movilización en las calles y en el seguimiento de la misma se interpreten como una falta de apoyo al Ejecutivo. El Gobierno escenificará su respaldo, más allá de con la encendida defensa de la iniciativa que hemos visto en las últimas horas, con un vacío de agenda. Aunque fuentes gubernamentales confirman que todos los ministros estarán en sus puestos de trabajo por si la ocasión lo requiere, no hay previstas convocatorias oficiales ni actos institucionales para simbolizar que secundan el paro. Tampoco veremos, al menos a los del sector socialista, acudir a las manifestaciones. Un ejercicio de teatralidad como si el Ejecutivo hubiera sido, durante estos años, un actor ajeno a la falta de políticas exitosas para atajar la crisis habitacional del país.
En este afán por volver a capitalizar la agenda, los 'martes sociales' ahora también serán viernes. El Gobierno pisa el acelerador y va a copar las próximas semanas de campaña electoral de reuniones del Ejecutivo en las que se aprobarán una amplia gama de medidas con alto impacto electoral. El Boletín Oficial del Estado (BOE) como palanca de movilización del votante progresista. Según han confirmado fuentes gubernamentales, habrá dos consejos de ministros extraordinarios, los días 13 y 20 de noviembre, que se unirán a los ya previstos del 17 y 24 de manera ordinaria.
La actividad ejecutiva se multiplica para dar salida a un volumen de iniciativas que están pendientes de aprobación y que se quieren validar antes de las elecciones. Ya sea como activo y cartel electoral o como salvaguarda ante un eventual cambio de signo del gobierno tras el 29N. En el Ejecutivo ya tienen identificados cuáles son esos colectivos diana a los que se tienen que dirigir. Este martes se aprobaron ayudas a las familias monoparentales -que quedaron frustradas por el adelanto de las urnas- y en reuniones precedentes -antes de que el accidente ferroviario de Urda obligara a recalibrar las urgencias- ya se apuntó a la vivienda, los pensionistas y las mujeres como público objetivo.
El Ejecutivo trata de resituar la campaña en un marco favorable después de que el accidente de Urda y la corrupción irrumpieran de lleno
En Moncloa no adelantan, por ahora, el contenido de los futuros decretos ni aciertan a explicar por qué necesitan añadir nuevas fechas y no aprovechan las reuniones ordinarias ya agendadas para dar luz verde a todas las políticas que tienen en cartera. «Van muchas cosas, hay asuntos pendientes», señalan, como única argumentación de esta instrumentalización del calendario. El control de la agenda y la necesidad de mantener la iniciativa será clave en las próximas semanas dada la inminencia de las urnas. «Hemos considerado que es más operativo habilitar los próximos dos viernes», señalan, anticipando ya su defensa: «Y es legal».
Es más, como forma de defender el «decoro» gubernamental exponen que no se ha previsto utilizar el último viernes hábil antes de las elecciones, el de cierre de campaña, porque «tampoco lo pretendíamos». El propio Pedro Sánchez cuando anunció el adelanto de las elecciones y rescató los dos decretos de vivienda, que se votan este jueves en la Diputación Permanente, ya anticipó que seguiría gobernando hasta el 29 de noviembre. Una vez el Gobierno esté en funciones pasados los comicios, sus atribuciones están más tasadas -sobre todo si hay una mayoría alternativa clara-, pero hasta que se escruten los votos, en el Ejecutivo defienden que tienen la legitimidad para seguir aprobando medidas y llevándolas al Congreso para su convalidación.
¿Indulto al ex fiscal general?
Uno de los asuntos que está pendiente de estudio para ser aprobado es el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Fuentes gubernamentales miden al máximo sus palabras. Aseguran que «no se descarta» pero, al mismo tiempo, que «no está decidido», por lo que se emplazan al informe que se debe elaborar, al respecto, para tomar una decisión. El propio Sánchez ha reconocido recientemente que existe el debate sobre si esta decisión se debe tomar «antes o después» de los comicios.
«Eso es uno de los temas que tenemos ahora mismo en proceso y, en fin, sabe cuál es la posición que yo he manifestado, que ha manifestado el Gobierno de España, pero no puedo responderle a esa pregunta en este momento», aseguró en una entrevista en La Séptima. Fuentes gubernamentales no ocultan que esta cuestión puede ser un activo movilizador en campaña, porque en el espectro progresista la condena a García Ortiz se interpretó como un episodio de persecución al Gobierno.
