VÍCTOR AMAYA
CARACAS18-01-2022 | 23:13 H
No costó mucho, y generó suspicacia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció la noche del lunes que había aprobado no una sino tres solicitudes de activación de referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, una figura constitucional que permite despojar de un cargo a un funcionario electo una vez cumplido la mitad del período para el que fue electo.
Horas antes, varios grupos ciudadanos acudieron a las sedes del Poder Electoral en las distintas regiones del país para consignar documentos exigiendo que se activase el proceso formalmente que conduzca a la realización de lo que es, en definitiva, un plebiscito presidencial. Los promotores, hasta ahora, son Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta.
Uno de sus integrantes, el académico Nelson Chitty La Roche, decía que «no se trata de hacerlo como en 2016, creando una serie de mecanismos que lo demoran hasta hacerlo susceptible de ser suspendido por cualquier travesura». Y no lo fue, al menos en principio. La respuesta positiva del CNE -controlado por el chavismo- dejó desconcertado a más de uno, especialmente porque la experiencia previa -en 2016- demostró cómo el poder buscó retrasar al máximo el proceso hasta finalmente dejarlo sin efecto seis meses después de iniciado.
El CNE, de hecho, ignoró un reglamento que esa institución puso en práctica en 2016 que exigía un paso previo: constituir un grupo promotor con la recolección del 1% de las firmas del registro electoral en al menos 15 Estados de los 23 del país. Hace seis años, y una vez recogidas tales voluntades, tribunales locales cantaron fraude y paralizaron el proceso. El 10 de enero de 2022 se cumplió la mitad del periodo presidencial de Maduro, si se toma como válida la juramentación hecha en 2019 para los siguientes seis años a raíz de las elecciones de 2018 que la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional consideraron fraudulentas y se negaron a reconocer.
La Constitución venezolana establece que, una vez cumplido ese tiempo, se puede convocar unas votaciones que determinen si el funcionario debe concluir el mandato. La solicitud debe ser hecha por un número no menor del 20% de los electores inscritos, que voten no menos del 25% del electorado y que ganen los opositores con más votos que los obtenidos por el funcionario cuando fue electo.
Ahora, corresponde al poder electoral emitir un cronograma que determine cuándo la deben recogerse las firmas del 20% del electorado nacional. Una tarea nada sencilla luego de las cicatrices que dejaron en 2014 la «Lista Tascón», que expuso los datos de los firmantes con consecuentes despidos de instituciones públicas y la exclusión de programas gubernamentales, o en 2016, cuando se «depuraron» organismos del Estado de «traidores».
En Venezuela el referendo revocatorio no está regulado por una ley, pues la mora legislativa para ello acumula ya 22 años. Ello permite que en cada oportunidad sea el CNE quien dicte las pautas circunstanciales. El RR de 2004 ocurrió después de un año de negociaciones entre Hugo Chávez y sus adversarios, con mediación de la OEA y el Centro Carter. Acuerdos que no se dieron en 2016.
Cuestión de estrategias
Los opositores a Maduro no están alineados aún en función de una posible revocatoria de su mandato. La dirigencia de varios partidos importantes de la coalición opositora ha manifestado su deseo de priorizar las elecciones presidenciales ineludibles de 2024, aprovechando el tiempo para organizar las bases, recuperar músculo de movilización, construir un mecanismo para determinar una candidatura unitaria frente al chavismo
Además, para presionar por el voto de los alrededor de cuatro millones de electores que se calcula migraron en los últimos años (en el registro apenas aparecen 110.000 electores en el extranjero). Se consideran pasos necesarios para poder derrotar a quien tiene el control de la burocracia y los recursos públicos sin empacho a usarlos.
Otros creen que el momento es ahora: luego de que en las elecciones regionales de 2021 quedara demostrado que el voto no chavista es mayoritario en el país, en una proporción de 54% versus 46%. Pero el paralelismo no es suficiente. Para revocar a Maduro serían necesarios 5.988.432 votos en su contra. Es decir, 1,3 millones más que los logrados en noviembre, cuando la oposición participó enfrentándose entre ella, sin estrategia unitaria ni dirección compartida.
Por otra parte, hay factores opositores que desestiman en escenario revocatorio por sus implicaciones políticas. Primero, porque sería reconocer que el mandato de Maduro sí es legal -dejando sin sustento al interinato de Juan Guaidó-, y segundo porque, de ganar, la vicepresidenta asumiría el mando del Ejecutivo hasta 2024, pues la ley establece la revocatoria del funcionario pero no la sustitución de todo un Gobierno.
Guaidó ha admitido que dentro de las fuerzas opositoras se discute qué hacer al respecto. Otros partidos que hace dos años llamaron a apoyar un revocatorio ahora son más cautelosos en promoverlo. Grupos ciudadanos, donde destacan particularmente ex ministros y ex aliados del propio chavismo, han tomado esa bandera.
