El Consejo de Ministros permitirá que la Audiencia Nacional analice la petición de EE UU contra el multimillonario propalestino
Fergie Chambers performs a Muslim prayer at home in Tunis, Tunisia, on February 8, 2024. James Cox Chambers Jr., born in 1985 and also known as Fergie Chambers, is an American political activist, philanthropist, and heir to the Cox family, who derives his wealth from Cox Enterprises.
«Fergie» Chambers se convirtió al islam y se declara comunista revolucionario Chedly Ben Ibrahim NurPhoto via AFP
Álvaro Olloqui @aolloqi
Madrid 22.09.2026 02:00
El Consejo de Ministros decide hoy si da luz verde a que la Audiencia Nacional (AN) analice la extradición de James Cox «Fergie» Chambers solicitada por EE UU.
Chambers es un multimillonario conocido por su apoyo a la causa Palestina que fue detenido el pasado 10 julio en la isla balear de Ibiza, donde planeaba instalarse, en virtud de una orden internacional cursada por la Interpol.
Las autoridades americanas le acusan de tres delitos por los que se enfrenta a una condena de hasta 30 años de cárcel. Por un lado, blanqueo de capitales en relación a una transferencia de 7,5 millones de dólares que hizo desde una cuenta del American Bank a otra de Túnez.
El Departamento de Justicia de EE UU sospecha que estos fondos tuvieron como destino real la financiación de «organizaciones terroristas extranjeras», principalmente Hamás.
Su defensa, que lidera en nuestro país el despacho del exjuez Baltasar Garzón (Ilocad), alega que fue una donación a un equipo de fútbol tunecino, Club Africain.
Por otro lado, se le atribuyen ilícitos de disturbios y conspiración para la provocación de disturbios. Este último delito, por ejemplo, no existe en nuestro ordenamiento jurídico y es algo que se tendrá en cuenta tanto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN, Antonio Piña, y por parte del Ejecutivo.
Las fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN dan por hecho que el Gobierno dará luz verde a que la extradición o no de Fergie Chambers sea abordada por la Justicia.
Pese a que, en un primer momento, el socio del PSOE en el poder, Sumar, se mostró muy combativo en la defensa de que fuera directamente rechazada la tramitación del requerimiento de las autoridades estadounidenses en esta primera fase. Los de Yolanda Díaz incluso han registrado una proposición no de ley (PNL) en este sentido.
Mañana se producirá el debate entre ministros socialistas y «sumarinos». Si finalmente recibe la luz verde del Consejo, el magistrado Piña celebrará una vista para escuchar las alegaciones de los abogados de este multimillonario conocido por su adscripción a la causa palestina y que en la actualidad continúa en prisión provisional sin fianza en Madrid.
Su ingreso en un centro penitenciario de manera preventiva fue avalado por la Sala de lo Penal de la AN, como instancia superior al juez instructor del proceso. Al coincidir con Piña en que su gran capacidad económica le permitiría huir de la acción de la Justicia con facilidad, si no se le priva de libertad.
Las fuentes conocedoras de los procesos de extradición explica que son contadas excepciones en las que nuestro país negó la entrega de algún encausado al país que ahora gobierna Donald Trump.
Aun así, hay que tener en cuenta que, en el caso de que el magistrado de la AN considerase justificada la solicitud de extradición y la aceptase, la última palabra la tendrá el Gobierno de Pedro Sánchez, que será el que, si llega el momento, valore desde el primer nivel si respaldan a Piña o no ratifican su criterio y permiten la ejecución de su decisión.
Fergie Chambers procede de la familia que está considerada la décima mayor fortuna de EE UU, propietaria del conglomerado mediático, de telecomunicaciones y dedicado a las energías renovables Cox Enterprises. El imperio empresarial factura alrededor de 20.000 millones de dólares al año.
Conocido por su actividad filantrópica y por sus donaciones a proyectos sociales y humanitarios, Chambers ha apoyado en los últimos años distintas iniciativas de solidaridad internacional, entre ellas proyectos de ayuda civil en la Franja de Gaza.
A través del despacho de abogados del antiguo magistrado, Ilocad, rechaza las acusaciones y adelanta que defenderá ante los tribunales españoles que las actividades por las que está siendo investigado no tienen ningún contenido penal y se ubican exclusivamente en su actividad filantrópica de apoyo a iniciativas humanitarias. No se descarta que alegue que es objeto de una persecución con motivación ideológica y política impulsada por la administración Trump.
Hay que recordar que el bufete de Garzón tiene experiencia en este tipo de procesos, puesto que representó al fundador de Wikileaks Julian Assange en otro conocido y mediático caso.
