Redacción Runrun.es
20/11/2026

Distintas ONG y juristas denunciaron en redes sociales que entre los 1066 aspirantes a integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) figuran al menos 15 actuales magistrados oficialistas. Según advirtieron los defensores, la mayoría de estos jueces —que buscan repetir en sus cargos— han sido señalados por graves violaciones a los derechos humanos y del socavamiento del Estado de derecho en Venezuela.
El politólogo Rafael Santiago, a través de un mensaje posteado en su cuenta en X, indicó que en una primera revisión de los postulados al TSJ, se encontraron nombres “tremendamente preocupantes”.
Entre los oficialistas que se inscribieron para repetir en el nuevo TSJ están: Anabel Del Carmen Hernández Robles, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Carmen Marisela Castro Gilly, Elías Rubén Bittar Escalona, Emilio Antonio Ramos González, Eneida Alexandra Moreno Pérez, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, Jaime Jesús Báez Jiménez, Janette Trinidad Córdova Castro, José Luis Gutiérrez Parra, Juan Pablo Torres Delgado, Michel Adriana Velásquez Grillet, René Alberto Degraves Almarza, Tania D’Amelio Cardiet, Edelio Isabel González Díaz, Juan Carlos Cuenca Vivas, Katherine Nayarith Haringhton Padrón y Luis Emilio Rondón González.
Santiago calificó el hecho como “sumamente preocupante” y en una imagen señaló que los que avalaron el fraude del del 28 de julio “no pueden seguir en el TSJ”.
De acuerdo con registros judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia y registros de sanciones internacionales,los oficialistas que buscan repetir en el TSJ se concentran principalmente en las salas Electoral, Constitucional, Político-Administrativa y Penal.
Nombres bajo la lupa
Tania D’Amelio Cardiet, actual presidenta de la Sala Constitucional, aspira repetir en el TSJ. El 3 de enero de 2026, esa instancia emitió una sentencia —leída por la magistrada — en la que ordenó que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro y se pronunció sobre los plazos electorales.
En noviembre de 2024, y como ponente de la Sala Constitucional, declaró inadmisible un recurso de amparo que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar los resultados desagregados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pese a la crisis política que eso generó en el país.
Mediante la referida sentencia de la Sala Constitucional (redactada por Tania D’Amelio), el tribunal también suspendió temporalmente del ejercicio profesional a la abogada María Alejandra Díaz y le impuso una multa de 100 Unidades Tributarias (equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial más alto del BCV) tras haber introducido un recurso de amparo en nombre del Frente Democrático Popular, en el que exigía al CNE la publicación de las actas mesa por mesa.
D’Amelio fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos desde su gestión anterior como rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE)
Por su parte, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, actual presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, fue la responsable de la suspensión de las primarias opositoras en 2023. La Sala Electoral admitió un recurso del diputado José Brito y suspendió “todos los efectos” de las elecciones primarias de la oposición ganadas por María Corina Machado, ordenando además remitir el caso al Ministerio Público para investigar a la Comisión Nacional de Primaria.
Rodríguez. además, convalidó los polémicos resultados presidenciales de 2024, en los que se declaró a Nicolás Maduro como ganador sin mostrar las actas. Bajo su presidencia certificó de manera “inobjetable” el peritaje realizado al material electoral del 28 de julio de 2024 y convalidó la proclamación de Nicolás Maduro sin exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación desagregada de las actas mesa por mesa. Por este fallo, Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.
La vicepresidenta actual del TSJ, Fanny Beatriz Márquez Cordero, también quiere quedarse dentro del TSJ, pese a que en su historial figura una sanción de los Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en la validación judicial de las elecciones presidenciales de julio de 2024, además de acumular controversias por su designación como «magistrada exprés» en 2015, sus fallos en la Sala Electoral y conflictos de interés en cargos judiciales. Antes de llegar al TSJ, cuando se desempeñaba como jueza 29 de Control de Caracas, dictó medidas cautelares contra el diario TalCual y el exministro Carlos Genatios en una demanda por difamación interpuesta por Diosdado Cabello. Asimismo, actuó como defensora del general Víctor Cruz Weffer en un caso vinculado a corrupción en el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur)
Katherine Nayarith Haringhton Padrón, suplente de la Sala de Casación Penal y presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, es otra que se volvió a postular, aunque tiene señalamientos que provienen de su etapa como fiscal del Ministerio Público (2014-2017) y vicefiscal general designada por el TSJ (2017). Haringhton está sancionada por Estados Unidos desde 2015 y por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014, incluyendo la imputación de líderes opositores como Antonio Ledezma y María Corina Machado.
El director de la ONG Un Mundo sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, la señaló de haber sido un brazo ejecutor de la persecución política contra dirigentes opositores y defensores de derechos humanos, recordando que en 2014 ella ordenó el allanamiento a la sede de su ONG y su propia detención.
La magistrada oficialista que aspira seguir en el TSJ protagonizó en julio de 2017 un incidente que causó polémica: fue desalojada de la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta, Caracas, tras ingresar al edificio escondida en el maletero de un vehículo. La situación se produjo en medio de un conflicto institucional: Harrington había sido designada vicefiscal general por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en medio de la pugna con la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien rechazaba el nombramiento. Según reportes de prensa de la época, entró en el automóvil de la fiscal Narda Sanabria y logró recorrer dos pisos de la sede antes de ser detectada por trabajadores y retirada por el personal de seguridad.
José Luis Gutiérrez Parra, actual magistrado de la Sala Civil del TSJ, es otro de los que ansía repetir como juez del Supremo. Es hermano de Bernabé Gutiérrez Parra, diputado y quien se quedó los símbolos de Acción Democrática en una sentencia que ha sido calificada como “secuestro” por líderes y bases del partido. Trabajó en el CNE (como director de línea y asesor) antes de ser designado rector principal en junio de 2020 (cargo que ocupó hasta mayo de 2021). En abril de 2022 ingresó como magistrado principal y vicepresidente de la Sala de Casación Civil del TSJ.
En septiembre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. lo incluyó en su lista de sancionados bajo la Orden Ejecutiva 13692. El gobierno estadounidense lo señaló de socavar el orden democrático venezolano y de participar en maniobras e interferencias vinculadas a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.
Otro que tiene la intención de seguir siendo magistrado es René Alberto Degraves Almarza, sancionado por la Unión Europea y Suiza desde 2021 por haber suscrito, como magistrado suplente incorporado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sentencias que usurparon competencias de la Asamblea Nacional y suspendieron directivas de los principales partidos políticos de oposición.
Pese a haber egresado como magistrado emérito en 2022 y mantener esas sanciones internacionales vigentes, Degraves Almarza figura en la lista de postulados. En su trayectoria se encuentran episodios como los de 2017, cuando integró la Sala Plena que declaró inadmisible la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz contra magistrados del propio TSJ por ruptura del hilo constitucional.
Degraves también suscribió las sentencias mediante las cuales la Sala Constitucional declaró la supuesta «omisión legislativa» de la Asamblea Nacional de 2015 y nombró directamente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que usurpó una atribución exclusiva del Parlamento.
En el caso de Luis Emilio Rondón González, en agosto de 2026, la organización Acceso a la Justicia denunció que la presidencia del TSJ infringió los artículos 47 y 48 de la reformada Ley Orgánica del TSJ al convocar e incorporar a ocho magistrados suplentes —entre ellos, a él a la Sala Político-Administrativa sin respetar el orden de designación ni la especialidad correspondiente. Cabe recordar que Rondón fue rector del CNE
Primera revisión
Acceso a la Justicia, en una primera revisión sobre los candidatos a magistrados pudo constatar que un incremento del 90% respecto del número de postulados respecto del proceso dejado sin efectos a mediados de año (de 561 se pasó a 1066 aspirantes a magistrados).
El 85% (17 de 20) magistrados principales que se encuentran en funciones actualmente en el máximo tribunal, aparecen como postulados (con excepción de los magistrados cercanos a cumplir el período de 12 años).
Algunos de los magistrados actuales que se postulan tienen años en el cargo, y algunos de ellos fueron designados como suplentes por la AN y no como principales, pero actúan como principales para cubrir vacantes.
También en la lista aparecen exmagistrados, entre ellos, el actual director de la Escuela Nacional de la Magistratura, quien fue magistrado anteriormente. Asimismo, figuan magistrados que están como suplentes en este momento en el TSJ.
Acceso a la Justicia expresó que espera que no ocurra con el TSJ lo mismo que ha pasado con los tribunales de terrorismo, que no desaparecieron sino que se extendieron; y que tampoco suceda lo que ocurrió en el caso de la Ley contra el o***io, la cual, aunque no está aprobada en su nueva versión, su proyecto de reforma se mantiene con las mismas prohibiciones ahora castigadas con multas y no con penas de prisión, pero con la misma censura y control.
Reacciones de la sociedad civil
La abogada penalista Rosario Grimont señaló a través de su cuenta en X que “no se puede reconstruir un país con los mismos que lo destruyeron, debe haber justicia para q pueda llegar la paz”.

Rodrigo Diamanti, defensor de derechos humanos y director de la ONG Sin Mordaza, se pronunció a través de un video difundido en redes sociales en el que advirtió que la incorporación de Katherine Haringhton perjudicaría la democratización del país.
Diamanti recordó que Haringhton ordenó el allanamiento de la sede de su ONG y su detención en 2014. También la vinculó con procesos contra María Corina Machado, Gustavo Tarre Briceño y otros opositores.
“Venezuela necesita recuperar la independencia del Poder Judicial. Quienes han contribuido a su secuestro institucional no pueden ser los responsables de su restitución”, expresó la abogada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano.
Por su parte, el activista Nelson Piñero, posteó que la postulación de Caryslia Rodríguez “constituye una burla para los venezolanos por parte del régimen: su rostro debería aparecer es en un cartel de recompensa por su captura”.

